A partir del próximo 31 de julio, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) dejará de prestar el servicio de alimentación para los detenidos en estaciones de Policía, URI y Centros de Detención Transitorios en todo el país. Esta medida se debe a una orden de la Corte Constitucional, que extiende la declaratoria del “Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria” y establece que las alcaldías y gobernaciones deben asumir esta responsabilidad.
Recordemos que, en marzo de 2022, la Corte Constitucional emitió la sentencia SU -122 de 2022, en la cual le asignó el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en los centros transitorios a las alcaldías y gobernaciones del país, debido a la vulneración masiva de derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Por esta razón, Ludwing Joel Valero Sáenz, director (e) de la USPEC, explicó que hay una sentencia de la Corte Constitucional que se debe acatar, y los mandatarios locales y regionales deben asumir el rol que les corresponde.
“31 de julio de 2023, en aquellos eventos en los cuales en virtud de orden judicial se conminó a la entidad a lo pertinente; ello, por cuanto para la fecha anteriormente mencionada se terminan los contratos de la vigencia 2022 y para la vigencia presupuestal 2023 no está contemplada dicha prestación del mencionado servicio, dando cumplimiento de este modo a lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU-122 de 2022″, se lee en un documento, firmado por Ludwing Joel Valero.
A raíz de esta respuesta, la Procuraduría advirtió a los alcaldes, gobernadores y entidades responsables de la administración de los Centros Transitorios de Detención y URI en todo el país, sobre la responsabilidad de garantizar el servicio de alimentación que viene prestando la Unidad Nacional Penitenciaria y Carcelaria (Uspec) a partir del próximo 31 de julio de 2023.
No obstante, la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la de Ciudades Intermedias (Asointermedias), señalaron que esta responsabilidad es competencia de la USPEC.
A su vez, la directora de Asocapitales, Luz María Zapata, manifestó a la Procuraduría que no era responsabilidad de los entes territoriales esta alimentación, como lo refiere la alerta que se basa en la sentencia SU -122 de 2022, de la Corte Constitucional.
En consecuencia, la directora de Asocapitales manifestó que el director de la USPEC, Ludwing Valero, no puede generar esta crisis, puesto que pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Según la USPEC, alrededor de 17 mil detenidos en estaciones de Policía, URI y centros transitorios de todo el país se verán afectados por esta medida, la cual representa un costo mensual de aproximadamente $8.500 millones.
Ante esta preocupación, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hizo un llamado a la calma y aseguró que las personas privadas de libertad no se quedarán sin alimentación.
“resolveremos de la mejor manera posible y, sobre todo, respetando la ley y la jurisprudencia, pero lo más importante es que el 1 de agosto la alimentación siga llegando a los centros transitorios de reclusión, así como a las cárceles”, afirmó el ministro de Justicia.
Asimismo, Néstor Osuna, se refirió a la sentencia de la Corte sobre el Estado de Cosas Inconstitucional: “En ese sentido, sí es cierto que hubo un giro de la Corte Constitucional que en algún momento dijo que la Uspec si podía alimentar a las personas que están, no en las cárceles del Inpec, sino en las estaciones de Policía, pero en una sentencia del año pasado cambio su postura y manifestó que no, que el Inpec debe alimentar a quienes están en las cárceles del Inpec y las alcaldías a los municipios, a quienes están en estaciones de policía”, explicó el ministro.
Sin embargo, el jefe de la cartera de Justicia, resaltó que esta sentencia cogió por sorpresa a los alcaldes que no tenían la previsión económica: “lo entiendo porque los municipios tienen muchos compromisos entonces estamos haciendo varias cosas. La primera es: vamos a presentar un proyecto de ley de tres artículos: “Para dar un periodo de transición entre la Uspec, mientras en los presupuestos de los municipios se pueden hacer las adaptaciones para que ellos atiendan la alimentación de los PPL, con plazo máximo del 30 de julio de 2024″.
Por lo tanto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentará un proyecto de ley que tiene como objetivo establecer un periodo de transición entre la USPEC y los municipios. Durante este periodo, se buscará que los municipios realicen las adaptaciones necesarias en sus presupuestos para asumir la responsabilidad de la alimentación de las personas privadas de libertad, con un plazo máximo al 30 de julio de 2024.
Por último, el ministro propuso que, en aras de una colaboración conjunta, la nación, los municipios y, en particular, aquellos municipios con menor capacidad económica, reciban apoyo por parte del gobierno central para garantizar la adecuada alimentación de las personas privadas de libertad. “La nación pone, todos ponen y que, a los municipios más pobres, la Nación los ayude”, dijo Osuna.
