A comienzos de este mes, se conoció un comunicado por parte de Uspec, la dirección del Inpec, que se encarga de hacer las contrataciones de alimentación para los centros penitenciarios y los centros de detención transitoria, en la que se hablaba sobre la caducidad de los mismos, para los centros donde están los sindicados al finalizar julio.
Esta declaración prendió las alarmas de secretarios de gobierno y alcaldes, así como de los encargados de estos centros, quienes en mayoría son policías comandantes de estación y en algunos otros los directores de las URI, quienes no cuentan con recursos para tal fin. Desde la Penitenciaría de Mediana Seguridad de Pereira, su director Alexander Zapata expresó que el contratista para esta ciudad no se había comunicado con él y que en caso de llegar a esta situación, el problema sería terrible.
Apareció la solución
El alcalde Ramos, miembro de Fedemunicipios, aclaró que aunque a ellos les informaron que desde el primero de agosto, esta responsabilidad recaería en los hombros de los alcaldes dijo: “en los municipios no contamos con estos recursos para esta vigencia; por desconocimiento de la sentencia o por falta de presupuesto, nuestra propuesta es que la Uspec que sí tiene el capital asegurado hasta diciembre, siga con la alimentación, los gobernantes de turno nos comprometemos a dejar asignado para la vigencia 2024, los recursos necesarios para cubrir dicha sentencia”.
Entonces el Ministerio de Justicia, la Procuraduría y la Defensoría llegaron a un acuerdo para que la Unidad antes nombrada, garantice que no se suspenderá el suministro de alimentación a las personas privadas de la libertad que permanecen en los centros transitorios. Así, la Uspec prorrogará el actual contrato de alimentación hasta el 31 de octubre de 2023 y se tramitará un proyecto de ley expedito que se oriente solo a otorgar la competencia provisional a la Uspec, para que continúe brindando el servicio de alimentación. La competencia transitoria se fijará hasta el 30 de junio de 2024.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías los entes territoriales no pueden asumir esta competencia, por eso la medida es transitoria, para que no se generen traumatismos para las personas privadas de la libertad y sus familias.
