La Defensoría del Pueblo presentó informe sobre el incremento de hechos violentos en municipios en riesgo extremo y alto, de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre.
La Defensoría del Pueblo de Colombia presentó hoy el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 030 de 2023, en el cual se evidencia un notable aumento en el número de acciones violentas que afectan a las comunidades, a solo 12 días de las elecciones territoriales.
En agosto, la entidad emitió la Alerta Temprana 030, advirtiendo sobre el riesgo extremo en 113 municipios y alto en 286 más. Dos meses después, se mantiene el riesgo en estos lugares y se ha observado un incremento en los hechos violentos en las regiones señaladas.
La Alerta registró un total de 173 conductas violentas entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023, una cifra que se ha visto superada entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de este año, con un total de 204 acciones violentas. Estos actos han tenido como principales objetivos a candidatos a alcaldías y concejos, así como a líderes sociales o comunitarios.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló: “En tan solo dos meses hubo un aumento significativo en el número de vulneraciones si lo comparamos con los primeros siete meses del año. Mientras más cerca estamos de las elecciones, mayores son las acciones violentas de los grupos armados ilegales contra los candidatos o líderes”.
De acuerdo con la Defensoría, los grupos responsables de las mayores vulneraciones son: Las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), el ELN y el crimen organizado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el autor de los hechos violentos continúa sin identificar.
“Estos grupos armados ilegales o criminales realizan ataques o atentados contra candidatos o sedes políticas, homicidios, restricciones a la movilidad, y afectan directamente el proceso electoral”, advirtió el Defensor del Pueblo.
El Informe de Seguimiento analiza diez de las 48 recomendaciones emitidas en la Alerta Temprana 030. Durante los meses de agosto y septiembre, los departamentos con el mayor número de conductas vulneratorias en municipios en riesgo extremo fueron Norte de Santander, Arauca, Nariño y Bolívar. Les siguen Cauca, Antioquia, Guaviare, Huila, Valle del Cauca, Chocó y Putumayo.
De las siete entidades a las cuales se les hicieron recomendaciones, solo la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la Nación enviaron respuestas. Mientras que, la Presidencia de la República solicitó ampliación de la información, pero no reportó ninguna acción en respuesta a las recomendaciones formuladas.
Ante esto, Camargo Assis aseveró: “En el seguimiento a la Alerta Electoral, encontramos que hay una respuesta estatal reducida y sin claridad en las acciones de protección a las poblaciones en riesgo, tampoco en acciones preventivas”.
El Defensor del Pueblo resaltó la respuesta estatal reducida y la falta de claridad en las acciones de protección a las poblaciones en riesgo, así como en las acciones preventivas. Asimismo, reiteró el llamado para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decrete medidas cautelares para proteger los derechos de los candidatos y líderes amenazados por los grupos armados ilegales.
En la sesión de la Comprrat, la Defensoría del Pueblo enfatizó la importancia de que la Procuraduría General de la Nación lleve a cabo acciones preventivas y disciplinarias para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las Alertas Tempranas e informes de seguimiento. En caso de un bajo nivel de cumplimiento, se deben imponer las sanciones correspondientes a los casos desatendidos.
