Muchos ciudadanos de manera frecuente mencionan un popular refrán que dice, “eso no pasa sino en Colombia”, hasta en un tono burlesco o incluso de resignación, pues hay situaciones que ocurren y que dentro la lógica no parece que tuvieran explicación alguna, es ahí donde muchos también manifiestan “hecha la ley, hecha la trampa”.
Así las cosas, en medio de un escenario lleno de incertidumbre y cuestionamientos, el recién electo diputado de Risaralda, Javier Antonio Ocampo López, ha generado controversia tras conocerse que, según el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), estaría inhabilitado para ejercer su cargo hasta julio de 2028.
El SIRI revela que Ocampo cuenta con dos anotaciones vigentes ante la Procuraduría General de la Nación, ambas relacionadas con un proceso de Responsabilidad Fiscal llevado a cabo por la Contraloría General de Risaralda en 2017. Este proceso investigó presunto detrimento patrimonial durante el periodo en que Ocampo ejercía como alcalde del municipio de La Virginia.
Como resultado de dicha investigación, se determinaron dos inhabilidades: una para contratar con el Estado y otra para desempeñar cargos públicos. Ambas sanciones fueron establecidas con fecha de inicio el 27 de julio de 2023 y se extenderían hasta el 26 de julio de 2028, de acuerdo al documento de la Procuraduría.
A pesar de haber pagado una sanción fiscal por más de 22 millones de pesos, Ocampo aún enfrenta el pago de una sanción disciplinaria correspondiente a cinco años de inhabilidad, según lo establecido en el fallo de la Procuraduría.
Sin embargo, pese a la existencia de estas inhabilidades, el Consejo Nacional Electoral no revocó la postulación de Ocampo, quien no solo recibió su credencial, sino que también pudo llevar a cabo su campaña para las elecciones territoriales de 2023. Con 11.580 votos obtenidos, se aseguró un puesto como diputado de la Asamblea de Risaralda para el periodo 2024 – 2027, lo que ha generado un fuerte debate en torno a la legalidad de su participación en los comicios.
Este caso plantea preguntas sobre los procedimientos y controles que se aplican en la selección y candidatura de funcionarios públicos, así como sobre la interpretación de la normativa en casos de inhabilitaciones. La situación de Javier Antonio Ocampo deja en evidencia la necesidad de una revisión a fondo de estos procesos a fin de garantizar la transparencia y legalidad en el ejercicio de la democracia.
Hasta el momento, el diputado electo no ha emitido declaraciones respecto a esta polémica situación. La comunidad y diversas instancias gubernamentales siguen atentas a los desarrollos y posibles acciones que puedan tomarse en relación a este controvertido caso.
Dato
Ocampo López fue la cuarta votación más alta del Partido Liberal en las pasadas elecciones territoriales para la Asamblea Departamental.
