El Tribunal Superior de Barranquilla impone la medida número 32 al excomandante de las AUC y a 12 exparamilitares más por su presunta participación en crímenes cometidos entre 1996 y 2006.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la Sala Penal de Justicia y Paz, dictó una nueva medida de aseguramiento contra Salvatore Mancuso, excomandante de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La decisión, tomada el 13 de diciembre, involucra también a 12 exparamilitares más y se fundamenta en su presunta responsabilidad en masivos y sistemáticos crímenes ocurridos entre 1996 y 2006 en los departamentos de Magdalena y Cesar.
Los hechos que se le imputan a Mancuso, quien fuera comandante del Bloque Norte de las AUC en ese período, abarcan diversos delitos, entre ellos homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencias basadas en género y otros crímenes de guerra. Se estima que estas acciones afectaron a alrededor de 1.150 personas en la Costa Caribe.
La medida de aseguramiento, la número 32 impuesta a Mancuso, fue extendida también a los exparamilitares Dany Daniel Velásquez Madera, Edmundo de Jesús Guillén Hernández, Efraín Rafael Carbonell Pérez, Ever Mariano Ruiz Pérez, Jairo Alfonso Samper Cantillo, José Gregorio Mangonez Lugo, Jorge Escorcia Orozco, Miguel Ramón Posada Castillo, Nemías Moisés Sandoval Becerra, Sixto Arturo Fuentes Hernández, Walter Enrique Pedraza Cantillo y Yovanis José Acosta Orozco.
El asunto será remitido a la Sala de Conocimiento para la legalización de los cargos y la emisión de la sentencia correspondiente. La Fiscalía deberá realizar ajustes para la legalización de los cargos, y la Sala ha subrayado que estas medidas son imperativas para enviar un mensaje de no impunidad a las víctimas. En esta jurisdicción, no aplicará el vencimiento de términos.
Cabe destacar que en octubre, la Sala Plena de la Corte Constitucional amparó derechos fundamentales de Mancuso, quien había argumentado que no existía razón para mantenerlo privado de su libertad tras regresar a Colombia desde Estados Unidos. Esta decisión está en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que aún no ha emitido un pronunciamiento al respecto.
Adicionalmente, en noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó a Mancuso, considerando que sus aportes son novedosos, concretos y suficientes para ser un punto de conexión entre las AUC y miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, Mancuso anunció que apelará esta decisión, habiendo sido, durante ese período, un eslabón clave entre el grupo criminal de los hermanos Castaño y altos mandos militares en diversos departamentos de Colombia.
