Venezuela, Colombia y Perú representan casi el 79% de las solicitudes, según informe de CEAR.
Según el informe publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el año 2023 registró un aumento significativo en las solicitudes de asilo en España, alcanzando un total de 163.218 peticiones, lo que representa un incremento del 37% en comparación con el año anterior. Este incremento marca la cifra más alta desde la creación de la Oficina de Asilo y Refugio en 1992.
De acuerdo con el análisis de la CEAR, Venezuela, Colombia y Perú representaron casi el 79% del total de solicitantes de asilo en España durante el año pasado. Venezuela encabezó la lista con 60.534 solicitudes, seguido por Colombia con 53.564 y Perú con 14.308. Le siguieron Honduras, Cuba, Marruecos, Nicaragua, Senegal, Rusia y El Salvador.
El informe revela que del total de 88.042 resoluciones emitidas sobre las solicitudes de asilo, un 40% resultaron desfavorables, mientras que un 47% se resolvieron por razones humanitarias, siendo este último tipo de protección menos garantista, otorgada principalmente a venezolanos. Solo un 12% de las resoluciones resultaron en la concesión del estatuto de refugiado o protección subsidiaria.
El reconocimiento de protección a solicitantes de El Salvador y Honduras aumentó del 30% al 35% y del 16% al 22%, respectivamente, en comparación con el año anterior. Por otro lado, se observó un incremento considerable en la protección a personas de Nicaragua, pasando del 24% al 64%, debido en gran parte a la violencia política en el país.
Sin embargo, el informe señala un panorama desafiante para los solicitantes de Colombia, con el 94% de las resoluciones resueltas negativamente, a pesar de las graves amenazas que enfrentan activistas y líderes comunitarios en dicho país.
La Oficina de Asilo y Refugio informó que quedaron por resolver 30.527 solicitudes de colombianos, 11.931 de venezolanos, 11.053 de peruanos, 3.615 de cubanos, 3.603 de nicaragüenses, 3.328 de hondureños y 1.539 de salvadoreños. Además, advirtieron sobre un aumento alarmante del 56% en las solicitudes pendientes de resolución, con 191.095 personas esperando una decisión que afecta directamente sus vidas, muchas de ellas esperando durante meses, e incluso más de un año.
