Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2023, la Defensoría del Pueblo ha registrado un incremento en la conflictividad social en el país, según revela el monitoreo realizado por el Observatorio de Conflictividad Social. En total, se contabilizaron 2046 eventos, marcando un aumento significativo en comparación con el año anterior.
En cifras comparativas, el año 2022 había registrado 1427 eventos, lo que implica un alarmante aumento del 43% en el último año. Este incremento se evidencia de manera constante a lo largo del año 2023, con la excepción de los meses de agosto y septiembre, en los que se observaron disminuciones del 12% y 8% respectivamente.
Disminuyó en Risaralda
Con respecto a 2022, en el año 2023 el número de eventos aumentó en 26 departamentos y en Bogotá. Los mayores aumentos porcentuales ocurrieron en Meta, Putumayo, Huila, Casanare, Cundinamarca, Chocó y Caquetá,
A su vez, se presentó una disminución porcentual en los departamentos en Risaralda, en donde se pasó de 30 eventos registrados en el 2022 a 24 en el 2023, lo que representa una disminución del 20%, por su parte el departamento de Boyacá, también presentó una disminución en el registro de eventos de conflictos pasando de 54 a 50 conflictos reportados. En el departamento de Guainía, se registraron cinco eventos, frente a 2022, año en el que no se registró ningún evento en ese departamento.
“En el reporte emitido por la Defensoría del Pueblo, se evidencia que la mayoría de los eventos tienen que ver con un descontento por parte de la ciudadanía en materia laboral, por la falta de presencia e inversión estatal, así como por la insatisfacción del derecho a la educación. Estas manifestaciones se llevaron a cabo a través de bloqueos, plantones, concentraciones y marchas”, argumentan en el informe.
Derecho a la educación
Entre el 1 enero y el 31 de diciembre de 2023, el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, registró 240 conflictos sociales manifiestos en el sector educativo en el país. Este tipo de conflictividad ocupó el segundo lugar, con el 12%, con respecto a otros tipos de conflictos sociales. Estas situaciones se han intensificado a nivel nacional en 2023, pues se registró un incremento del 47% de los eventos de este tipo.
De acuerdo con este aspecto en Risaralda el 7% de los eventos de conflictividad social manifiesta fueron por el derecho a la educación, junto con Chocó y Sucre, mientras.
“Para el caso de la educación superior, las manifestaciones de conflictos sociales se relacionaron con solicitud de la reforma a la Ley 30, los procedimientos para lograr dicha reforma, exigencias al Gobierno Nacional para garantizar la matrícula cero y conflictos propios de las instituciones de educación superior, como el rechazo a directivas que pueden afectar el costo de la matrícula, el cierre de programas académicos, entre otros”, explica la Defensoría.
Los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo facilitaron 244 espacios de diálogo en 25 departamentos: Nariño, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Risaralda, Atlántico, Meta, Caldas, La Guajira y Guainía, en los que se lograron consensos y acuerdos que permitieron, además de atender las peticiones de las comunidades, levantar las manifestaciones que se venían adelantando por diferentes actores sociales.
Los eventos monitoreados durante 2023 mantuvieron una tendencia al alza, siendo los meses de octubre, noviembre y diciembre los que concentraron el mayor número de eventos. Estos hechos estuvieron asociados a demandas históricas y estructurales, a la coyuntura política y económica del país, y a fallas en la prestación de servicios públicos, entre otras situaciones.
Conflictos sociales manifiestos
Son situaciones en las que se hacen explícitas las diferencias entre dos o más grupos sociales que tienen intereses, necesidades o valores contrapuestos, las cuales se expresan mediante movilizaciones sociales, manifestaciones públicas, marchas, plantones, ocupación de bienes públicos, huelgas, paros cívicos, concentraciones, protestas sociales, bloqueos de vías o cortes de ruta, entre otras.
Durante 2023, los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción o inconformidad por acciones u omisiones del Estado, fueron los bloqueos (38%), plantones (33 %) y marchas (11%).
