Con 136 votos a favor y cero en contra, fue aprobada en segundo debate de la plenaria de la Cámara de Representantes la reforma a la educación, proyecto de ley estatutaria que tiene como principal objetivo que se reconozca a la educación como un derecho fundamental en Colombia.
Esta iniciativa, que contó con un amplio consenso en su segundo debate, prioriza el desarrollo integral de todos los ciudadanos y promueve la igualdad de oportunidades desde la educación inicial hasta la educación superior.
La representante Olga Lucía Velásquez, de Alianza Verde, manifestó como coautora del proyecto que este es un gran logro para el país, pues refleja el compromiso por reestructurar el sistema educativo colombiano en temas de inversión, gratuidad, continuidad, obligatoriedad del bachillerato y modelo educativo, “siendo esencial para el Gobierno Nacional, ya que forma parte de las metas contenidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo”, añadió.
La representante también destacó la importancia de esta iniciativa que además promueve la importancia de la salud mental en todos los niveles educativos y consagra el derecho a una educación completa y de calidad para diversos grupos sociales.
El proyecto establece en su articulado la naturaleza y el fin de la educación como un derecho humano fundamental, un bien común y un deber de todas las personas en el territorio colombiano. Su propósito es asegurar una formación integral, inclusiva, pluralista y equitativa, de calidad, que promueva la capacidad de definir proyectos de vida y fomente el pleno desarrollo de la personalidad, así como el respeto a los derechos humanos.
Asimismo, se aclara que este derecho humano fundamental se garantizará a lo largo de toda la vida para asegurar el disfrute de otros derechos y libertades fundamentales, y contribuir al logro de la felicidad y una vida digna en una sociedad equitativa, justa e igualitaria.
La oferta educativa será ejecutada bajo la indelegable inspección y vigilancia del Estado, con el fin de asegurar el carácter de la educación como bien común y velar por el cumplimiento de sus elementos esenciales, principios y fines.
La discusión en la Cámara de Representantes fue unánime y positiva, avalándose un total de 47 artículos. Sin embargo, aún queda pendiente su aprobación en Senado, tanto en Comisión Primera como en Plenaria.
Principios
La aplicación de este proyecto de ley, en caso de ser aprobado en el Senado, será regido por 20 principios, entre los cuales se encuentran el componente de inclusión, a través del cual se garantiza el acceso a la educación por medio de políticas públicas que eliminen barreras y discriminaciones. La inclusión promoverá el éxito educativo de todas las personas, independientemente de su origen, religión, sexo, orientación sexual, discapacidad u otras características. Los criterios de acceso y graduación en instituciones educativas deben ser justos y razonables, sin contradecir este principio de inclusión.
En cuanto al concepto de pertinencia, el documento establece que la educación deberá responder a las expectativas y necesidades de la sociedad, atendiendo a los planes y políticas del Estado, respetando la diversidad en todas sus formas y contemplando el desarrollo tecnológico y científico.
Así mismo, el proyecto también cuenta con un enfoque de género, a través del cual se promoverá las relaciones de igualdad de género, visibilizando las necesidades específicas de las mujeres y de los hombres para superar las relaciones de poder injustas y desiguales que se dan entre los géneros. Al igual, se comprenderá y reconocerá la diversidad como condición inherente al ser humano y su desarrollo en los contextos sociales, económicos y culturales, para transformar desigualdades que afectan el ejercicio del derecho a la educación.
Por otra parte, para garantizar la sostenibilidad en el acceso a la educación, el Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo de su derecho.
En total fueron 41 los artículos aprobados del proyecto que se radicó el 12 de septiembre de 2023 y que ahora tendrá que superar dos debates más en el Senado de la República para convertirse en ley.
Primera infancia
En el marco de la atención integral a la primera infancia, el proyecto lo consolida como un derecho fundamental para las niñas y niños menores de seis años en nuestro país. El Estado asume el compromiso de garantizar progresivamente los dos ciclos de educación inicial, mediante esquemas de financiación y cofinanciación entre la Nación y el territorio.
El primer ciclo abarca desde el nacimiento hasta los tres años, mientras que el segundo ciclo cubre desde los tres años hasta antes de cumplir los seis años, comprendiendo los grados de preescolar: Prejardín, Jardín y Transición.
El artículo destaca que entre los cero y los tres años de edad, en el contexto de la atención integral, la educación inicial se fundamenta en actividades de juego y exploración en el hogar, la escuela y el espacio público. Este enfoque busca alcanzar a todos los niños y niñas para asegurar el pleno desarrollo de capacidades que les acompañarán a lo largo de su vida.
Para lograr este objetivo, es imperativo articular esfuerzos administrativos y financieros entre el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el Sistema de Salud, el Sistema Educativo y otros sistemas pertinentes, en todos sus niveles y entidades involucradas. Esta coordinación garantizará una atención integral y de calidad para la primera infancia, sentando así las bases para un futuro prometedor.
Esta reforma, que consagra a la educación como un derecho fundamental, refleja el compromiso del país por asegurar el desarrollo integral de todos sus ciudadanos y promover la igualdad de oportunidades desde la primera infancia hasta la educación superior. Con principios arraigados en la inclusión, la pertinencia y el enfoque de género, esta iniciativa representa un hito crucial hacia una sociedad más equitativa, justa e igualitaria.
Protección a las comunidades campesinas.
Para las comunidades campesinas se garantizará el derecho a la educación de calidad y pertinente como derecho fundamental, respetando sus costumbres y saberes.
Educación Superior
Así mismo, el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes, comprende el acceso, permanencia y graduación de las personas en los programas de nivel técnico, profesional, normalista, superior, tecnológico y universitario. El Estado garantizará en forma progresiva el acceso a la educación superior de acuerdo con la regulación para este nivel, reconociendo además las cualificaciones y saberes. Las Escuelas Normales Superiores tendrán un régimen especial que se expedirá con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
