Con la medida de aseguramiento en centro carcelario para el ex alcalde Carlos Maya, Milton Hurtado y José Alberto Rojas Prieto, se especulaba que esa sería la misma medida para el segundo interventor Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal y el representante legal del consorcio Prosperidad Vial Cerritos, José Gabriel Vargas Carvajal. Pero el abogado defensor de este último logró lo que se creía imposible: la juez Sexta Penal de Garantías decretó su libertad.
La juez, después de analizar los argumentos de la Fiscalía y la defensa, concluyó que en el caso de Vargas Carvajal no existía una inferencia razonable que lo vinculara con los delitos imputados. Esto la llevó a no realizar una evaluación de los fines constitucionales de la medida, argumentando que sin una inferencia razonable, dicha evaluación era innecesaria; es decir, si es un peligro para el proceso, la comunidad o si habría riesgo de la no comparecencia.
Dijo la jurista que la fiscalía no logró demostrar de manera contundente la participación del ingeniero José Gabriel Vargas Carvajal en los presuntos sobrecostos en las obras y falsedades en las actas de obra que él firmó.
La clave de la decisión se centró en la argumentación de la defensa, en cabeza del abogado Renato Marín, que subrayó la ausencia de pruebas técnicas esenciales presentadas por la fiscalía. Según la juez, este ente no proporcionó peritajes de ingenieros civiles que pudieran respaldar las acusaciones de sobrecostos. Además, faltaron tablas de precios oficiales de la Alcaldía y la Gobernación que demostraran claramente que se habían incurrido en sobrecostos en el proyecto.
El ingeniero José Gabriel Vargas Carvajal, solo firmó dos actas de obra. Su defensa argumentó que la mayor parte de las actas cuestionadas fueron firmadas por su socio, Carlos Suárez, quien actualmente está prófugo de la justicia. Esta situación complicó la posición de la fiscalía, que no pudo establecer una conexión directa y sólida entre Vargas y las supuestas irregularidades.
A la cárcel
Por otro lado, el ingeniero Carlos Ballesteros, quien fungió como segundo interventor de la obra, sí recibió medida de aseguramiento. La juez encontró que había una inferencia razonable de su participación en delitos de falsedad y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Ballesteros suscribió la sesión de contrato de interventoría fuera del tiempo establecido y, debido a la gravedad de las conductas y el riesgo para la comunidad, la juez le impuso una medida de aseguramiento intramural.
Recursos y apelaciones
Tras la decisión, la fiscalía presentó un recurso de reposición y un recurso de apelación, esperando que se reconsiderara la libertad otorgada a Vargas. El Ministerio Público también interpuso un recurso de apelación. Sin embargo, la Alcaldía de Pereira, a pesar de ser una de las partes afectadas, no presentó ningún recurso adicional.
Se espera que hoy la juez se pronuncie sobre el recurso de reposición interpuesto por la Fiscalía.
Delitos imputados
A José Gabriel Vargas Carvajal el fiscal 20 de Administración Pública le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en dos eventos, falsedad ideológica en documento público en 20 eventos y peculado por apropiación.
A Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal, le imputaron contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en calidad de interviniente, prevaricato por acción en calidad de interviniente, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público en 9 eventos.
