En 2024, la eliminación de subsidios al combustible ha desencadenado una oleada de protestas sociales en diversos puntos del planeta. Desde Nigeria hasta Malasia, pasando por Egipto, Ghana y Bolivia, miles de personas han salido a las calles, expresando su indignación por una medida que ha incrementado el costo de vida, agudizado las tensiones sociales y puesto en jaque a los gobiernos. Lo que comenzó como una decisión económica, impulsada por presiones fiscales y la necesidad de ajustar las cuentas nacionales, ha desatado un malestar generalizado que va más allá del simple aumento en los precios del combustible.
El caso más reciente es el de Nigeria, donde los precios del combustible se duplicaron en agosto de este año tras el fin de los subsidios a la gasolina. Antonia Arosanwo, una de las tantas manifestantes, relató a Reuters: “Estoy molesta”. La reacción fue inmediata, con una escalada en el costo de vida que ha dejado a gran parte de la población enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Nigeria, uno de los principales productores de petróleo en África, ya había intentado eliminar los subsidios en 2012, bajo la administración del expresidente Goodluck Jonathan. Sin embargo, las masivas protestas obligaron al gobierno a revertir la medida en aquella ocasión. En 2024, la historia parece repetirse.
Este patrón se ha extendido por todo el continente africano y más allá. A comienzos del año, en Egipto y Malasia, los precios del combustible también se elevaron tras la eliminación de las ayudas estatales, provocando la salida de miles de personas a las calles. En Angola y Ghana, las protestas no tardaron en sumarse al ciclo de descontento que ha caracterizado la política energética de 2024. La medida, que muchos gobiernos ven como inevitable ante la creciente deuda y los altos costos de financiación, ha generado inestabilidad social y, en algunos casos, un colapso del orden público.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que en 2022 las subvenciones energéticas a nivel mundial ascendieron a 7 billones de dólares, con países como Rusia, Irán, China y Arabia Saudí liderando la lista de naciones que pueden permitirse subsidiar sectores estratégicos, incluido el energético. No obstante, para los países de ingresos medios y bajos, las subvenciones al combustible se han vuelto fiscalmente insostenibles. Gobiernos como el de Bolivia, bajo la administración de Luis Arce, han optado por retirar los subsidios, incluso a costa de enfrentar la ira popular. En junio de este año, Arce justificó la eliminación del subsidio a la gasolina, que le costaba a su país dos millones de dólares anuales, afirmando que “los momentos difíciles requieren decisiones firmes, maduras, meditadas”.
El ciclo de protestas que ha sacudido al mundo en 2024 no es nuevo. En 2022, la BBC, basándose en datos del Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled), documentó al menos 92 movilizaciones masivas en países de todo el mundo, entre ellos Argentina, Ecuador, Guinea, Haití, Panamá y Perú, todas relacionadas con el aumento de los precios del combustible tras la eliminación de subsidios. El caso más emblemático fue el de Sri Lanka, donde las intensas protestas llevaron a la destitución del presidente Gotabaya Rajapaksa.
Sin embargo, más allá de las cifras y los números de manifestantes, estudios recientes han encontrado que la relación entre la eliminación de subsidios y las protestas sociales no es lineal. Un estudio publicado en Science Direct por la académica Nina Von y sus colegas, titulado “¿Fueling protest? Climate change mitigation, fuel prices and protest onset”, reveló que las protestas tienden a ser más intensas en países que, además de subsidiar los combustibles, son productores de petróleo. Según el estudio, “los precios de los combustibles en general, pero en particular para los países subsidiadores y productores de petróleo, aumentan la propensión a la movilización de protestas”. En países como Nigeria, los ciudadanos, acostumbrados a décadas de subsidios, tienden a reaccionar de forma más contundente ante el fin de estas ayudas, mientras que en naciones sin producción de petróleo, la relación entre el aumento de precios y las protestas es menos marcada.
Neil McCulloch, investigador del Policy Practice Institute de la Universidad de Oxford, también destaca esta tendencia en su estudio “An exploration of the association between fuel subsidies and fuel riots”. McCulloch señala que “los países que subvencionan los precios y los mantienen fijos tienen más probabilidades de sufrir disturbios”, subrayando que, aunque las subvenciones puedan ofrecer estabilidad política a corto plazo, su eliminación casi siempre desencadena desórdenes sociales.
A pesar de la creciente evidencia de que las subvenciones al combustible son insostenibles, muchos gobiernos dudan en eliminarlas por temor al costo político. La historia de Sri Lanka y la renuncia del presidente Rajapaksa es un claro ejemplo de cómo la presión social puede tumbar incluso a los líderes más fuertes. En Ecuador, el patrón se repite cada cinco años, cuando el gobierno intenta eliminar los subsidios, solo para enfrentar masivas movilizaciones que lo obligan a retroceder.
La experiencia global demuestra que la solución no es sencilla. Mientras algunos expertos abogan por la eliminación gradual de los subsidios para mitigar el impacto, otros advierten que la medida debe acompañarse de políticas sociales que protejan a los sectores más vulnerables de la población. El profesor McCulloch concluye: “Las subvenciones pueden proporcionar beneficios políticos a corto plazo, pero, al aumentar la probabilidad de disturbios, pueden tener grandes costes políticos a largo plazo”.
Francia y otros países europeos, que también han enfrentado protestas masivas por el alza de los combustibles, no han encontrado una fórmula que equilibre los intereses de los ciudadanos subsidiados y la responsabilidad fiscal del Estado. Lo cierto es que, a nivel mundial, el problema de los subsidios energéticos sigue siendo una cuestión sin resolver, y los gobiernos se ven forzados a tomar decisiones difíciles. La pregunta es: ¿quién asumirá el costo, político o fiscal? En última instancia, parece que los ciudadanos de todo el mundo están dispuestos a hacer escuchar su voz.
