La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha abierto una investigación contra varios congresistas por su presunta participación en un caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los legisladores investigados son:
- Liliana Bitar (Partido Conservador): Senadora vinculada al presunto esquema de acuerdos ilegales y beneficios indebidos en la aprobación de proyectos y la adjudicación de contratos públicos.
- Juan Pablo Gallo (Partido Liberal): Senador investigado por su posible participación en acuerdos para favorecer la asignación de contratos a cambio de su apoyo en operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda.
- Wadith Manzur (Cambio Radical): Representante a la Cámara involucrado en la supuesta trama de corrupción que buscaba beneficiar económicamente a algunos congresistas mediante contratos con la UNGRD.
- Julián Peinado (Partido Liberal): Representante acusado de haber aceptado emitir conceptos favorables para operaciones de crédito público a cambio de beneficios económicos ligados a contratos en la UNGRD.
- Karen Manrique (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz): Representante que también figura en la lista de investigados por su posible participación en el esquema de corrupción para recibir beneficios en proyectos de la UNGRD.
- Juan Diego Muñoz (Alianza Verde): Exrepresentante a la Cámara, quien renunció en febrero pasado, también está siendo investigado por su participación en la adjudicación irregular de contratos. Se alega que los acuerdos ilegales tenían el objetivo de que los congresistas apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
El escándalo de corrupción en la UNGRD, destapado en febrero pasado, ha salpicado a varios miembros del Congreso y del Gobierno, incluyendo a altos funcionarios como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Las investigaciones de la Corte Suprema están respaldadas por más de cincuenta pruebas documentales y numerosos testimonios que sugieren que los congresistas habrían aceptado emitir conceptos favorables en operaciones de crédito a cambio de beneficios a través de contratos con la UNGRD, particularmente en localidades como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar.
La Corte Suprema de Justicia también ha iniciado investigaciones contra otros congresistas, como los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, por supuestos delitos de cohecho y peculado. Las acusaciones apuntan a que el dinero de la UNGRD fue desviado para el pago de coimas y para la adquisición irregular de equipos destinados a proyectos humanitarios, como el abastecimiento de agua en La Guajira.
