La Registraduría Nacional del Estado Civil ha encendido las alarmas tras detectar la existencia de 1.246 cédulas de ciudadanía falsas en manos de extranjeros, la mayoría de origen dominicano y venezolano. La revelación se dio tras un exhaustivo proceso de cruce de información con Migración Colombia, la Cancillería, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin). Los documentos fraudulentos fueron cancelados de inmediato y la información fue entregada a la Fiscalía General de la Nación para que determine si se han cometido delitos con estas identificaciones.
Según datos divulgados por la Registraduría, los departamentos más afectados por la emisión de estas cédulas fraudulentas son Atlántico (348 casos), Córdoba (281), Cesar (150), Cundinamarca (121) y Bolívar (100). Los portadores de estas identificaciones ilegales podían utilizar los documentos para solicitar pasaportes, movilizarse sin restricciones dentro del territorio nacional e incluso para actividades ilícitas.
Hoslander Sáenz, registrador delegado para el Registro Civil, explicó que este tipo de irregularidades podría estar vinculado a redes criminales dedicadas a la falsificación de documentos, posiblemente con fines de tráfico de migrantes. “Muchos colombianos han sido cómplices, testificando en el registro de ciudadanos extranjeros como si fueran colombianos. Esto constituye un delito que puede llevar a prisión”, advirtió Ángela Penagos, funcionaria de la Registraduría.
Las autoridades han solicitado que se realice un nuevo cruce de información para identificar posibles redes detrás de este delito. Asimismo, se destacó que la Registraduría realiza periódicamente revisiones para evitar fraudes en el sistema de identificación, un esfuerzo que se intensificará en 2025, en el contexto del próximo periodo preelectoral.
El objetivo es depurar el censo electoral y garantizar la transparencia en las elecciones de 2026, donde se elegirá al nuevo Congreso de la República y al presidente de Colombia. Paralelamente, se reforzarán los controles sobre otros documentos de identidad, como pasaportes, ya que también se han detectado irregularidades en este ámbito.
Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a no prestar sus datos ni a participar en actos que favorezcan la falsificación de documentos. Este tipo de delitos no solo afectan la seguridad nacional, sino que también comprometen la confianza en los procesos democráticos del país.
La Fiscalía continúa investigando el alcance de este fenómeno, mientras la Registraduría reafirma su compromiso de proteger la legalidad en los sistemas de identificación y garantizar la transparencia en el ejercicio electoral.
