Un video viral que muestra a una patrullera de la Policía Nacional golpeando a un joven en el rostro con su tonfa ha reavivado el debate sobre el abuso de autoridad en Colombia. El incidente, ocurrido en octubre de 2024 en la localidad de Suba, Bogotá, fue dado a conocer públicamente el pasado 1 de enero, desatando indignación ciudadana y la apertura de una investigación penal en contra de la uniformada.
Según informó la Fiscalía Penal Militar y Policial, el joven fue agredido mientras intentaba grabar un procedimiento policial con su celular. La entidad confirmó que el fiscal 2405 de conocimiento ya adelanta una indagación preliminar para esclarecer los hechos y determinar si la conducta de la patrullera constituye un delito, como lesiones personales o abuso de autoridad.
El joven, en declaraciones al noticiero Citytv, aseguró que la patrullera no solo lo golpeó, sino que intentó arrebatarle el celular. “Cada que salía a la calle después de ese día, sentía miedo. Esa patrullera intentó, de cierta forma, hurtarme el celular”, relató. La decisión de publicar el video meses después, según explicó, respondió a su temor por posibles represalias.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, condenó enérgicamente el presunto abuso de autoridad y exigió una investigación rigurosa. “Cero tolerancia frente a casos de abuso. He solicitado a la Policía Metropolitana de Bogotá esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes”, afirmó.
Por su parte, la Fiscalía Penal Militar y Policial aseguró en un comunicado que trabajará con “autonomía, eficiencia y transparencia” para garantizar justicia. Además, la Policía Metropolitana deberá establecer si la patrullera incumplió los protocolos establecidos.
El incidente ha despertado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios han criticado la violencia policial y exigido medidas para proteger los derechos de los ciudadanos. Expertos en derechos humanos recalcan que el Código Nacional de Policía permite a los ciudadanos grabar procedimientos policiales, una herramienta clave para garantizar transparencia y evitar abusos. Sin embargo, este caso demuestra que ejercer este derecho aún puede implicar riesgos.
El caso se suma a una serie de denuncias recientes sobre presunto abuso policial en Colombia, un problema que ha sido objeto de críticas y reformas tras los episodios de violencia registrados durante el paro nacional de 2021. Analistas subrayan la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en las fuerzas de seguridad para garantizar que cumplan con su misión constitucional sin transgredir los derechos ciudadanos.
La Fiscalía Penal Militar y Policial ha reiterado su compromiso de actuar con rigor y transparencia en este caso, cuyo desenlace será clave para evaluar la efectividad de las medidas de control actuales y la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por la seguridad. Mientras tanto, el video continúa alimentando un debate profundo sobre el equilibrio entre el ejercicio del poder estatal y la protección de los derechos humanos en el país.
