La Fiscalía General de la Nación ha intensificado las investigaciones sobre la red de contrabando liderada por Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, una organización criminal que operó durante casi cuatro décadas en Colombia y que generaba ganancias anuales de hasta ocho billones de pesos. Como parte de este proceso, el general retirado Tito Castellanos, ex subdirector de la Policía Nacional y exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ha sido citado a interrogatorio el próximo 5 de marzo por presunto enriquecimiento ilícito.
El entramado criminal y su impacto en la economía
La estructura liderada por alias “Papá Pitufo” controlaba el ingreso ilegal de mercancías a Colombia a través de los puertos de Buenaventura, Santa Marta y Cartagena. Entre los productos introducidos clandestinamente se encontraban textiles, autopartes, electrodomésticos y licores, mayormente procedentes de Estados Unidos y Asia. Se estima que la organización movilizaba hasta 30 contenedores semanales, lo que representaba un duro golpe para la recaudación fiscal y la competitividad de las empresas legales.
Uno de los principales coordinadores de la red era Ricardo Orozco Baeza, alias “El Bendecido”, quien dirigía las operaciones logísticas en Buenaventura y se encargaba del soborno de funcionarios públicos para facilitar el ingreso de mercancías ilegales.
Las acusaciones contra Castellanos
El nombre del general retirado Tito Castellanos surgió en las declaraciones de varios involucrados en la red de contrabando, incluyendo al mayor Peter Steven Nocua, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena, y al mayor Mario Sarmiento. Ambos mencionaron su presunta participación en la red, lo que llevó a la Fiscalía a citarlo para esclarecer su posible vínculo con la organización criminal.
A pesar de estas acusaciones, Castellanos ha negado categóricamente cualquier relación con el entramado de contrabando o con alias “El Bendecido”. En entrevista con el medio Semana, calificó las señalamientos como una “campaña de desprestigio” en su contra. Según su versión, todo comenzó tras los trágicos sucesos en Los Pozos, Caquetá, en marzo de 2023, donde un grupo de manifestantes tomó una instalación petrolera y un policía perdió la vida.
Castellanos sostiene que había ordenado la evacuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) mediante helicópteros hacia Florencia, pero esta instrucción no se ejecutó a tiempo, lo que derivó en la tragedia. Afirma que la Justicia Penal Militar lo citó para declarar sobre la desobediencia de sus subalternos, lo que, según él, originó una serie de acusaciones en su contra.
Otros señalamientos y su defensa
El general retirado también ha sido vinculado a denuncias sobre corrupción en el Inpec, narcotráfico y relaciones con grupos armados organizados. Entre las más graves está la presunta recepción de 2.000 millones de pesos por facilitar la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias “Matamba”. No obstante, Castellanos defiende su inocencia, argumentando que asumió la dirección del Inpec apenas dos días antes del escape y que no tuvo ninguna participación en la fuga.
En cuanto a las denuncias sobre traslados irregulares de reclusos, como el caso del empresario condenado Carlos Mattos, Castellanos aseguró que estos se realizan bajo procedimientos legales establecidos, ya sea por razones médicas, de seguridad o por orden judicial.
Respecto a su presunto vínculo con alias “El Bendecido” y la red de contrabando, Castellanos niega conocerlo o haber recibido beneficios económicos para facilitar sus operaciones. Asimismo, rechaza cualquier relación con los oficiales mencionados en los testimonios en su contra y asegura que sus interacciones en la Policía siempre fueron con los coroneles responsables de las unidades.
Investigación en curso
La Procuraduría General de la Nación ha abierto una indagación a partir de las informaciones publicadas en los medios de comunicación. No obstante, Castellanos insiste en que no hay evidencia concreta que lo vincule con la red de contrabando y que la Fiscalía le ha confirmado que no existe ninguna noticia criminal en su contra por corrupción o narcotráfico.
En sus declaraciones, Castellanos ha manifestado su disposición de colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y reiteró que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. Afirma que todo se trata de rumores y testimonios infundados, producto de una campaña de desprestigio originada tras los incidentes en Los Pozos.
La Fiscalía continuará con las diligencias investigativas en los próximos días para determinar la veracidad de las declaraciones y esclarecer si existió algún vínculo entre Castellanos y la red de contrabando de alias “Papá Pitufo”.
