Por Pilar Salcedo Jiménez
El diputado Juan Carlos Valencia convocó a una sesión en la Asamblea de Risaralda para analizar la situación de las cárceles La 40 y La Concordia (El Pílamo) que está en construcción, con el fin de evaluar alcances y desafíos administrativos y operativos.
“Según el plan inicial, el nuevo centro penitenciario que se construye en el corregimiento de Combia, debería estar listo para el año 2027; sin embargo, algunas fuentes aseguran que la obra se extendería hasta 2028”, afirmó Valencia.
Con esta proyección, la apertura de La Concordia se encuentra a tres años de concretarse.
La legislación establece que, una vez en funcionamiento, La Concordia será un centro de reclusión para personas condenadas, mientras que los sindicados seguirán siendo responsabilidad de los territorios.
En ese sentido, la cárcel de La 40 continuará operando como centro de detención preventiva para sindicados, albergando a aquellos que actualmente se encuentran en otros espacios como la UPPV. A hoy, las dos entidades registran hacinamiento de internos.
Uno de los interrogantes planteados en la sesión giró en torno a la cantidad de internos que albergará La 40, una vez los condenados sean trasladados a La Concordia, prevista como solución al hacinamiento, sin embargo, el diputado Valencia indicó que si no hay estrategias, el hacinamiento será un tema de nunca acabar.
Según datos preliminares, aproximadamente 150 sindicados están distribuidos en diferentes instalaciones, mientras que La 40 tiene capacidad para 680 internos, entre los que hay también sindicados; sin embargo la cárcel de varones La 40 alberga 1513 personas privadas de la libertad y el hacinamiento frente a su capacidad real, es del 51%
La incertidumbre sobre la administración y los costos de operación de estos centros penitenciarios fue otro tema central del debate propuesto por el diputado Juan Carlos Valencia. Por lo anterior, hicieron presencia directivos del Inpec, quienes se refirieron a las carencias en la cárcel La 40, donde les hacen faltan radios de comunicación, sillas, ventiladores, colchonetas, candados y equipos de seguridad.
En este contexto, se planteó la necesidad de conocer quién asumirá la futura gestión de La 40 y qué entidad garantizará la dotación de recursos humanos y técnicos, ahora escasos.
Además, se discutió el costo de mantener a un interno, el cual asciende a un promedio de 3,5 millones de pesos anuales por cada persona privada de la libertad.
Se estima que la operación de la nueva cárcel- La Concordia- demandará entre 25 000 y 30 000 millones de pesos anuales, lo que genera inquietud sobre la fuente de financiamiento.
La sesión finalizó con un llamado a las autoridades, para definir estrategias de sostenibilidad económica antes de que la cárcel sea entregada, evitando así un escenario de incertidumbre en su administración.
También los directivos del Inpec formularon una invitación a los diputados para que recorran la cárcel de varones La 40 y verifiquen de primera mano, las condiciones de los internos.
