El reciente fallo del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenando el embargo de cuentas bancarias del Gobierno nacional por una deuda de más de 46.000 millones de pesos con Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. (Cens), filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), ha desatado una fuerte controversia en el ámbito político y administrativo del país.
Respuesta del Gobierno: Cuentas “inembargables”
Ante esta decisión judicial, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, declaró que las cuentas del Gobierno son “inembargables” y enfatizó que aún no han recibido la notificación oficial del fallo. El presidente Gustavo Petro también reaccionó, calificando la medida como una maniobra política que perjudica a los sectores más vulnerables de Medellín y Antioquia.
“EPM, que es una empresa pública a la cual la Nación ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. Esa es una acción política que no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni por el interés nacional”, afirmó Petro durante un consejo de ministros.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó la decisión judicial y argumentó que la medida responde a la falta de cumplimiento del Gobierno nacional en el pago de los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3, los cuales EPM ha venido asumiendo.
A través de su cuenta en X, Gutiérrez indicó que se intentaron abrir canales de diálogo con el Gobierno nacional, pero sin éxito. “Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, aseguró el mandatario local. Además, Gutiérrez denunció que la deuda del Gobierno con EPM asciende a aproximadamente 1,2 billones de pesos solo por concepto de subsidios de energía.
El alcalde también mencionó que se han emprendido otras acciones legales contra el Gobierno por incumplimientos en el financiamiento del Metro de la 80 y otros proyectos clave de infraestructura en la ciudad.
El debate legal y sus implicaciones
El fallo judicial ordena el embargo y retención de fondos en cuentas corrientes, de ahorros, certificados de depósito a término (CDT) y otros productos financieros a nombre del Estado, con el fin de garantizar el pago de la deuda. Además, se otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la Nación acredite el pago correspondiente.
No obstante, el Ministerio de Hacienda planea impugnar la decisión y solicitar el levantamiento del embargo, argumentando que la medida contradice disposiciones legales establecidas en los artículos 19 y 34 del Estatuto del Presupuesto, que prohíben el embargo de cuentas públicas.
Conclusión: Un conflicto con tintes políticos y financieros
Este nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central y la administración de Medellín refleja un conflicto que trasciende lo jurídico y se adentra en lo político. Mientras la Nación defiende la inembargabilidad de sus cuentas, el gobierno local insiste en la necesidad de que el Estado cumpla con sus compromisos financieros.
La medida podría sentar un precedente para futuras acciones legales de entidades territoriales contra la Nación, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad de decisiones judiciales que impactan las finanzas públicas y la distribución de recursos en el país. Entretanto, la tensión entre ambas administraciones sigue en aumento, dejando en el aire el desenlace de esta disputa.
