El caso de una niña de siete años separada de su familia, revela contradicciones entre decisiones judiciales y el sistema de protección estatal.
El pasado 28 de marzo, un juez realizó la audiencia para revocar la medida de aseguramiento contra Allison Pulgarín Rivera, quien fue acusada de maltratar a su hija menor de siete años. El juez del caso decidió no revocar la medida, y ella sigue detenida. Pero, detrás de toda esta historia de violencia, hay una situación aún más lamentable: una menor permanece en un centro de Bienestar Familiar, a pesar de tener una familia que ha manifestado su voluntad de cuidarla.
Este caso, que podría parecer uno más dentro del sistema de protección infantil en Colombia, ha generado muchos cuestionamientos, denuncias y diferentes versiones que ponen sobre la mesa los siguientes temas: la interpretación de la ley por parte de las comisarías de familia, el tipo de protección que se le está brindando a la niña y la falta de respuestas por parte de otras entidades del estado.
Dos versiones
Todo comenzó con una denuncia. En abril de 2023, Olga Baquero, bisabuela de la niña y quien había ejercido su crianza desde el nacimiento, acudió a una comisaría de familia para denunciar que la menor estaba en riesgo. Pero, de forma inesperada, la investigación terminó señalándola a ella como la supuesta responsable de maltrato. Según la comisaría de Armenia, los informes psicosociales fueron concluyentes: audios, testimonios y videos indicarían que Olga no solo ejercía violencia verbal y psicológica contra la menor, sino que manipulaba su percepción para distanciarse de su madre biológica, Allison. “No tomamos decisiones con base en rumores, sino en pruebas. Nuestra prioridad es el bienestar de la niña”, explicó Garly Yhonady Sánchez Vergara, comisaria de familia del sector suroccidente de Cuba en una entrevista con el Diario del Otún.
Por otro lado, la figura de Allison Pulgarín también genera controversia. Fue madre a los quince años, tuvo una vida difícil marcada por la falta de apoyo familiar y pasó por el sistema del ICBF. Según versiones recogidas por la defensa de Olga, Allison incluso habría pedido a las autoridades que asumieran el cuidado de su hija al sentirse incapaz de cuidarla.
La comisaria, no obstante, sostiene que Allison es una mujer que ha reconstruido su vida, ha emprendido un negocio y demuestra voluntad genuina de ejercer su rol materno. “Es con su madre con quien la niña quiere estar”, asegura Sánchez. Pero esa afirmación choca con otra realidad: Allison está hoy privada de la libertad, luego de que un juez decidiera mantener en firme una medida de aseguramiento por presunto maltrato físico hacia su hija.
La comisaría en la mira
Más allá del drama familiar, el caso ha puesto bajo la lupa el actuar de la Comisaría de Familia del sector Cuba. Según el abogado de Olga Baquero, Freddy Tamayo Sánchez, cinco de los siete comisarios del municipio han sido objeto de acciones de tutela por presuntas irregularidades. Además, fue desde allí que se dictó la medida que impide todo contacto de la menor con su bisabuela, a pesar de que, según denuncias, los supuestos actos de violencia atribuidos a Olga se habrían producido en fechas en las que ella no se encontraba en el país.
El equipo jurídico de Olga sostiene que no existen pruebas contundentes contra ella. “Se tomaron decisiones basadas en rumores, suposiciones e interpretaciones sesgadas”, indicó Tamayo. El abogado también afirmó que la comisaria incurrió en una conducta parcializada a favor de la madre biológica, a pesar de que esta enfrenta un proceso penal por maltrato y fue ella misma quien, en su momento, solicitó a la comisaría que se hiciera cargo de Nayara porque no podía cuidarla.
Por su parte, la comisaria Garly Sánchez en una conversación con el Diario del Otún respondió a estas acusaciones. “Toda nuestra actuación ha seguido el marco legal. Tenemos audios, testimonios y evaluaciones psicológicas que evidencian comportamientos preocupantes por parte de la señora Olga. En los registros, incluso, se observa cómo manipula a la menor y le impide relacionarse con su madre”, explicó.
Medida de protección en contra de Olga Baquero y en favor de la menor y Allison Rivera.Una niña en el limbo
Mientras se enfrentan los adultos, la niña, quien es la protagonista silenciosa de esta historia, sigue esperando una solución. Ha pasado por dos hogares sustitutos, presenta signos de alteración emocional y según informes, ha preguntado constantemente por su madre, su padrastro y su hermanito menor, aunque no por su bisabuela Olga.
Esta situación podría alargarse aún más. Según la ley colombiana, si en seis meses no se logra ubicar a un familiar que cumpla con los requisitos para asumir su custodia, la menor puede ser declarada en condición de adoptabilidad. Para los abogados de la familia paterna, esa sería una tragedia evitable. “Aquí hay una mujer que la crió, que la ama, que tiene las condiciones. Pero la están descartando por razones personales y políticas”, enfatizó Tamayo.
Sin embargo, hay otros familiares que aseguran no querer hacerse cargo de la menor, por el miedo que le tienen a Olga Baquero y el temor a tener inconvenientes con ella, ya que manifiestan: “Si en este momento, que no tenemos a la menor, nos está acosando, no queremos saber qué nos haría si nos quedamos con ella”. Además consideran que la menor no debe estar con su bisabuela, si no con su madre biológica.
Un llamado a repensar el sistema
Este caso ha generado eco en organizaciones defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y redes sociales. Mientras unos defienden la actuación técnica y legal de la comisaría, otros claman por una intervención que permita reevaluar el entorno familiar de la menor sin prejuicios.
Mientras tanto, una niña de siete años, criada por su bisabuela y separada de su madre, permanece en un centro de protección institucional. Esperando que alguien escuche más allá de las denuncias. Que alguien vea más allá de los informes. Que alguien, finalmente, la ponga en el centro de todo y que, en algún momento, la justicia tenga rostro humano.
