El estado de California, liderado por el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta, presentó ayer una demanda en un tribunal federal en San Francisco contra el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth. La acción judicial acusa al Gobierno federal de violar la Constitución al ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles sin la aprobación estatal.
¿Qué desencadenó la demanda?
La disputa estalló tras una serie de redadas migratorias ejecutadas por el ICE en barrios mayoritariamente latinos desde el viernes 6 de junio, que desencadenaron protestas en varias ciudades de California. Según autoridades, se han producido enfrentamientos, uso de gas lacrimógeno, balas de goma y alrededor de 42 arrestos en Los Ángeles y más de 150 en San Francisco.
En respuesta, el presidente Trump ordenó el despliegue de 2 000 efectivos de la Guardia Nacional, agregando luego otros 2 000 y 700 marines, sumando hasta 5 000 tropas en la ciudad. California sostiene que esta acción viola la Décima Enmienda y la ley federal Title 10, pues no se dan las condiciones legales de rebelión, invasión o disturbios que exigen consulta con el gobernador.
Argumentos del estado
Falta de consulta: Newsom asegura que no recibió comunicación oficial antes de la movilización.
Violación de soberanía: la demanda acusa al presidente de “pisotear” la autoridad estatal y despojar al Estado de herramientas vitales para emergencias locales como incendios.
Escalada innecesaria: el despliegue reavivó tensiones en un contexto que hasta entonces era relativamente pacífico.
Respuesta de Trump y aliados
La Casa Blanca justifica la medida como esencial para proteger propiedades federales y empleados del ICE, alegando que el gobernador Newsom falló en contener las protestas. Trump defendió su decisión afirmando que sin las tropas, la ciudad “habría sido completamente destruida”. Además, amenazó con arrestar a Newsom y a la alcaldesa Karen Bass, por lo que el gobernador lo acusó de avanzar “hacia el autoritarismo”.
Reacciones locales e internacionales
Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, calificó el despliegue de “ilegal” e “innecesario”, y criticó que se utilice la ciudad como un caso de prueba federal.
Gobierno de México, a través del consulado y su canciller, ofreció asistencia legal a ciudadanos mexicanos detenidos .
Grupos de derechos civiles advirtieron que la militarización profundiza el miedo en comunidades de inmigrantes y puede tener un efecto disuasorio sobre el derecho a protestar pacíficamente .
Trasfondo histórico y legal
No se desplegaba la Guardia Nacional sin la autorización del gobernador en un estado desde la era de Lyndon B. Johnson durante los derechos civiles (1965). La demanda cuestiona el uso de la ley Title 10, que permite al presidente asumir el control, argumentando que no se cumplen sus condiciones constitucionales.
¿Qué sigue? California solicita una orden judicial que declare la federalización de la Guardia Nacional “ilegal” y restrinja el uso de tropas hasta que haya coordinación con el gobernador . El litigio se sumará a una docena de demandas previas del estado contra políticas federales en el último año.
Esta confrontación representa un nuevo capítulo en el choque entre gobiernos federal y estatales sobre inmigración, uso de la fuerza y límites del poder presidencial. El resultado judicial de este caso podría sentar precedentes sobre cómo y cuándo el presidente puede intervenir con tropas en territorios estatales sin su consentimiento.
