Una denuncia ciudadana permitió la intervención inmediata en la quebrada La Dulcera, donde se sorprendió a particulares contaminando un ecosistema.
Gracias a la acción de los Vigías Ambientales, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), en conjunto con la Policía Nacional, decomisó de manera preventiva un camión que fue sorprendido arrojando escombros en la ladera de la zona forestal protectora de la quebrada La Dulcera, en el sector de Pinares, justo detrás del hotel Carriquí y el edificio Veredal.
El hecho fue denunciado por ciudadanos que grabaron el momento exacto en que se vertían los residuos de construcción en un ecosistema altamente sensible. A partir de este material audiovisual, la autoridad ambiental activó un operativo que concluyó con la inmovilización del vehículo y el inicio de un proceso sancionatorio.
Un daño al ecosistema
El director general de la CARDER, Julio César Gómez, expresó su rechazo a este tipo de actos. “Primero que todo, hago un llamado muy encarecido a los ciudadanos para que esas prácticas, que son desde todo punto de vista antinatural, las superemos definitivamente”, declaró.
Gómez destacó el papel fundamental de la ciudadanía en la protección del medio ambiente. “Agradezco profundamente a los Vigías Ambientales por ayudarnos a cuidar la naturaleza, el medio ambiente y los recursos naturales. Todos los días somos más conscientes como sociedad de que los patrimonios ambientales nos pertenecen a todos”, afirmó.
Responsabilidad de los propietarios
Según las denuncias y las pruebas recopiladas, los propietarios del hotel Carriquí y del edificio Veredal deberán responder por el daño ambiental ocasionado. “Tendrán que retirar la totalidad de los escombros. Ya no pueden echarle la culpa a un tercero. La exigencia es restablecer completamente la cañada”, enfatizó el director.
La gravedad del caso se incrementa ante la sospecha de que el sitio haya sido utilizado como vertedero de manera habitual. “Si los propietarios dicen que eran solo dos viajes de escombros, pero en el lugar hay siete u ocho, eso indica que los otros se colocaron ahí con su complicidad. Parece que ya era un sitio habitual, posiblemente para ampliar el parque del sector. Eso será parte de la investigación”, explicó Gómez.
En seguimiento a los señalamientos, El Diario del Otún se desplazó hasta el lugar de los hechos y buscó la versión del hotel Carriquí. Desde allí, se afirmó que lo ocurrido no tenía relación alguna con el establecimiento y se indicó que no había ninguna persona disponible para atender nuestra solicitud de información.
Renaturalización y restauración
La Carder exigirá la restauración ecológica del área afectada. “Deberán hacer una nueva demarcación forestal, retirar todo el material contaminante y comenzar un proceso de renaturalización de la cuenca con guadua. Vamos a exigir la siembra de esquejes para repoblar un guadual que ya está bastante deteriorado”, precisó el funcionario.
Sanciones administrativas y penales
Frente a las consecuencias legales, el director explicó que los responsables enfrentarán un doble proceso. “Esto tiene dos sancionatorios: uno ambiental, que puede concluir con una multa, y otro penal, porque vamos a entregar copias a la Fiscalía para que investigue si hubo afectación al Código Penal en materia de recursos naturales”, señaló.
Sobre el valor económico de las multas, Gómez aclaró: “Las sanciones se tasan de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del responsable, Pero digamos que por la calidad de la infraestructura pueden ser multas que pasen los 100 millones de pesos. Y repito, no quiero hacer ponderaciones indebidas. Eso se hará parte del proceso de evaluación del impacto o del daño ambiental”.
Obra suspendida por precaución
El predio involucrado fue sellado por la Carder, lo que implica la suspensión total de cualquier actividad o construcción en el área. “Como inicialmente manifestaron tener permisos, procedimos a suspender toda acción. Actuamos con mucha precaución para evitar mayores afectaciones mientras se adelantan todas las averiguaciones e investigaciones correspondientes”, concluyó Gómez. Este caso, se convierte en un ejemplo claro de cómo la acción ciudadana articulada con las instituciones puede frenar el daño ambiental y exigir responsabilidades frente a la destrucción de nuestros ecosistemas.




