La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) confirmó que seguirá prestando el servicio de alimentación a la población privada de la libertad recluida en Centros de Detención Transitoria y Estaciones de Policía en todo el país, más allá del 30 de junio de 2025, fecha en que legalmente finalizaba su competencia.
La decisión se adopta en cumplimiento del Auto 897 de 2025 de la Corte Constitucional, que ordena garantizar la continuidad del servicio hasta que las entidades territoriales acrediten la implementación de esquemas propios que aseguren condiciones adecuadas de suministro, calidad, suficiencia y permanencia.
Aunque la Ley 2346 de 2024 había establecido el retiro de la USPEC de esta responsabilidad, la Corte advirtió que la interrupción del servicio pondría en grave riesgo el derecho fundamental a la alimentación de miles de personas sindicadas, además de provocar una posible crisis humanitaria en los centros de detención.
“La USPEC reitera su compromiso con la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, y continuará prestando el servicio bajo los principios de dignidad, continuidad y universalidad”, señaló la entidad.
En su pronunciamiento, la Corte recordó que desde 2013 se declaró un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario, por lo que el Estado debe actuar bajo el principio de subsidiariedad para evitar mayores vulneraciones de derechos.
La USPEC hizo un llamado a los entes territoriales para que avancen en la implementación de los esquemas de alimentación previstos en la Ley 2346 de 2024 y en la Sentencia SU-122 de 2022, con el fin de garantizar una transición ordenada y sostenible del servicio.
La entidad aseguró que continuará trabajando en conjunto con el Ministerio de Justicia, el INPEC, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y demás organismos del Estado para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
