La Unidad para las Víctimas condenó enérgicamente las amenazas de las que fue objeto una colaboradora del Punto de Atención de la entidad en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, y su núcleo familiar. Según informó la institución, el hecho ocurrió el pasado 21 de mayo, cuando hombres encapuchados y con prendas alusivas al ELN se comunicaron mediante videollamada con el esposo de la funcionaria, exigiendo que abandonara el municipio en un plazo de 12 horas o de lo contrario atentarían contra su vida.
El director general de la Unidad, Adith Rafael Romero Polanco, expresó su repudio ante esta situación e informó que, tras el reporte, se activó de inmediato la ruta de atención prioritaria. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Estación de Policía de Pueblo Rico y la Alcaldía municipal, lo que permitió iniciar una investigación formal.
Las indagaciones adelantadas por la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (SIJIN) señalaron que la amenaza se trató de una modalidad extorsiva, no directamente atribuida a un grupo armado estructurado, aunque sí con afectaciones graves a la seguridad personal de la víctima y su familia. Desde entonces, la Policía local ha brindado protección inmediata y la Unidad ha dispuesto atención psicosocial especializada.
Katherine García Ochoa, directora territorial en el Eje Cafetero, indicó que “aunque en esta ocasión la amenaza no fue directamente proferida por un grupo armado, sí refleja las nuevas dinámicas delincuenciales que enfrentan los territorios y que requieren acciones urgentes del Estado”.
Cabe recordar que Risaralda ha sido escenario reciente de hechos relacionados con el conflicto armado, como el confinamiento y desplazamiento del resguardo indígena Gitó Dokabú en Santa Cecilia, y el asesinato del firmante de paz Arley de Jesús. Estos casos evidencian la complejidad del contexto de seguridad en la región.
