En el barrio Samaria II de Pereira, una creciente preocupación ambiental y social ha movilizado a la comunidad ante la presunta ocupación irregular de un predio declarado como zona de protección ambiental. Habitantes del sector denuncian que los terrenos ribereños, que forman parte de un corredor ecológico vital, están siendo cerrados y vendidos, afectando la biodiversidad y el tejido social del entorno.
“Esto es tanto un problema ambiental como social”, advierte Mario Bermúdez, vecino del sector. “El predio hace parte de una reserva natural, donde hay especies nativas como guayacanes y guanaldai. Además, es un paso de animales como guatines, zorros y aves silvestres. Era un sendero ecológico que todos usábamos para caminar con nuestras mascotas. De un día para otro lo encerraron con malla”.
Según Bermúdez, la ocupación del predio ocurrió hace pocos días, generando alarma en la comunidad. “Encerraron todo el terreno de manera irregular. Nos preocupa que al construir destruyan especies nativas protegidas por la Carder y bajo leyes del Ministerio de Medio Ambiente. Están acabando con uno de los pocos pulmones verdes que nos quedan en la ciudad”.
Posesión
Los vecinos denuncian que, además del cerramiento, se está fraccionando y vendiendo el terreno, bajo supuestos derechos de posesión que no cumplen con los requisitos legales. “Dicen que tienen una posesión de 20 años, pero apenas hace cinco días construyeron una casa”, señala Bermúdez. “Sabemos que están vendiendo lotes entre 40 y 50 millones de pesos. Eso no puede ser legal”.
La preocupación crece también por las consecuencias sociales que estas invasiones traen consigo. “Estas ocupaciones ilegales traen problemas de inseguridad y consumo de sustancias. Ya veníamos con algo de eso, pero ahora tememos que se agrave”, afirma.
José Morales, otro habitante del barrio, recuerda que esta no es la primera vez que intentan apoderarse del predio. “Desde hace años han querido adueñarse de este corredor ecológico. Hace un tiempo sembraron plátanos y todo eso se fue abajo con un derrumbe que nos dejó sin agua como ocho días. Y ahora ya encerraron el lote, hicieron una choza, y dicen que tienen escrituras, lo cual no es cierto”, asegura.
Intervención
Frente a la creciente presión comunitaria, la Dirección de Control Físico de Pereira ha respondido con visitas técnicas para verificar la situación. En un informe del 21 de junio de 2025, realizado en coordinación con la CARDER y la Alcaldía, se confirmó que el predio de 8.622 m² contiene áreas de protección forestal e hídrica, y zonas de alto riesgo por remoción en masa e inundación. Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), es suelo de uso público.
Durante la inspección, se constató que en el pasado el terreno fue intervenido con cultivos de plátano, café, yuca y frutales, como parte de un intento de apropiación. Incluso se supo que hubo un intento fallido de venta a un ferretero, frenado por denuncias de vecinos. “La Policía alcanzó a intervenir y retiró postes y un cerramiento”, indica el reporte.
Sin embargo, la situación persiste. En una segunda visita, el 31 de mayo de 2024, personal de la misma dirección identificó doce estructuras de vivienda sobre la ladera, construidas con materiales como guadua, lona y mampostería. Estas construcciones se levantaron sobre un área declarada como de alta amenaza por remoción en masa, lo que agrava el riesgo para quienes la habiten.
El predio pertenece legalmente al Fondo de Vivienda Popular de Pereira, y las acciones legales han sido remitidas a la Inspección de Policía de la zona. A pesar de los antecedentes, la comunidad teme que las construcciones ilegales continúen sin control.
Acciones
La comunidad insiste en que no se puede permitir que intereses particulares destruyan un entorno vital para el equilibrio ambiental de la zona. “El llamado es a que las autoridades ambientales hagan respetar las normas. Este espacio es hogar de muchas especies y nos da aire limpio en medio de la ciudad. No podemos permitir que lo destruyan”, expresa con firmeza Mario Bermúdez.
También hacen un llamado a las entidades de control urbano y social. “Entendemos que hay un déficit de vivienda, pero no puede ser a costa del medio ambiente ni poniendo en riesgo a quienes se asientan en zonas inestables. Ya hubo un derrumbe aquí. No podemos repetir esa tragedia”, concluye Morales.
