El excanciller Álvaro Leyva respondió con contundencia a la polémica generada por la divulgación de unos audios en los que se le escucha hablar sobre un eventual “gran acuerdo nacional” que incluiría al ELN, el Clan del Golfo y actores internacionales, y que tendría como objetivo “remover” del poder al presidente Gustavo Petro. El material, difundido por El País América en junio, ha desatado un fuerte revuelo político y motivó una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Leyva, quien hizo parte del gobierno Petro en sus inicios, reconoció la autenticidad de los audios, pero enfatizó que se trató de una conversación privada, carente de intención conspirativa, y cuestionó duramente que se pretenda utilizar ese material como evidencia judicial. “Ni siquiera pueden tomarse como prueba en un proceso penal”, declaró en entrevista con Semana, recordando que existe jurisprudencia clara sobre la inadmisibilidad de este tipo de grabaciones.
El exministro fue enfático en desmentir las acusaciones de golpe de Estado: “Eso es lo más ridículo del mundo. Esa fue una conversación privada. Decir ‘sacar a ese tipo’ no es nada, es una expresión tonta. Tengo unas cartas públicas en las que le digo al presidente que renuncie, con normas constitucionales en la mano”, señaló, subrayando que su crítica al Gobierno se ha dado por vías democráticas.
Visiblemente molesto, Leyva rechazó ser catalogado como “golpista” y recordó el exilio de su padre tras el golpe de Rojas Pinilla como una experiencia que marcó su compromiso con la democracia. “¿Usted cree que voy a contradecir mi vida, mi modo de ser, mi compromiso con la democracia? Esa sería una torpeza”, aseveró.
En relación con la supuesta intención de apartar a Petro del cargo, Leyva explicó que hay escenarios legítimos previstos por la Constitución para que un presidente pueda dejar el poder: “Se puede enfermar, se puede morir, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay que tener el cadáver hasta el último día de su mandato? No”, añadió.
Asimismo, responsabilizó al autor de la grabación por violar su derecho a la privacidad: “El delito está en la persona que grabó y suministró las grabaciones. En un país donde se promulga la libertad de expresión, uno puede decir cualquier cosa en privado sin ser perseguido. De lo contrario, por Dios, apague y vámonos”, concluyó.
Por estos hechos, la Fiscalía abrió una investigación preliminar a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción para establecer el contexto y la legalidad de las declaraciones de Leyva, luego de que el propio presidente Petro denunciara los hechos como una posible traición a la patria.
Hasta el momento, no se han formulado cargos ni realizado citaciones oficiales, pero el caso ya se perfila como uno de los episodios más sensibles del escenario político colombiano en lo que va de 2025.
