La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la crítica situación financiera del sistema de salud en Colombia, al revelar que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan deudas por $32,9 billones, poniendo en jaque la atención médica de más del 89% de los afiliados que hoy están en manos de entidades sin respaldo financiero.
El informe, con corte al 31 de diciembre de 2024, evidencia el deterioro estructural del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y advierte sobre su insostenibilidad. De las 29 EPS activas, solo seis cumplen con los requisitos financieros exigidos por la ley (capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas), y cubren apenas al 10,9% de la población afiliada. Las demás operan en déficit, sin liquidez ni respaldo para responder a sus obligaciones.
“Ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud cumple con los requisitos de solvencia, lo que demuestra que las medidas actuales han sido ineficaces para contener la crisis”, alertó el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
Colapso progresivo del modelo
Desde la creación de la Ley 100 en 1993, 157 EPS han sido autorizadas, pero solo 29 sobreviven actualmente. Las sucesivas liquidaciones han recargado a las EPS activas, que han tenido que recibir millones de afiliados sin contar con la infraestructura adecuada, exacerbando la precariedad.
El panorama es desalentador:
15 EPS no cumplen con el capital mínimo.
14 no alcanzan el patrimonio adecuado.
22 no invierten sus reservas técnicas como lo exige la ley.
Además, las deudas con operadores farmacéuticos superan los $2,8 billones, afectando directamente la entrega de medicamentos y provocando un aumento del 23,2% en peticiones, quejas y reclamos (PQR) por parte de los usuarios.
Nueva EPS, en el ojo del huracán
El caso más preocupante es el de la Nueva EPS, la más grande del país con más de 11,5 millones de afiliados. No ha presentado estados financieros desde 2023 y registra patrimonio negativo. Pese a estar bajo intervención, sus deficiencias se mantienen y representa un riesgo crítico para el sistema nacional.
Siniestralidad y gasto administrativo desbordados
El gasto en salud superó los ingresos por afiliado (UPC) en 2024, con una siniestralidad promedio del 110,1%, mientras que el tope permitido para gasto administrativo (8% para régimen subsidiado y 10% para el contributivo) sigue sin regulación clara. Aunque 27 EPS reportan gastos entre el 4% y 8%, no hay lineamientos técnicos del Ministerio de Salud ni de la Superintendencia que controlen la forma en que se calculan estos gastos.
Tutelas y alertas del contralor
Durante 2024 se presentaron 175.025 tutelas por servicios incluidos en el Plan de Beneficios, un incremento del 35% respecto al año anterior. La mayoría fueron interpuestas por barreras en el acceso a tratamientos, citas médicas y medicamentos.
El contralor Rodríguez fue enfático: “No se trata solo de cifras. Se trata de camas, tratamientos, diagnósticos y vidas que están en riesgo si no se toman decisiones estructurales y urgentes”.
La Contraloría continuará ejerciendo control fiscal con rigurosidad, advirtió el funcionario, exigiendo transparencia en el uso de los recursos públicos y aportando evidencia verificable al debate nacional sobre la sostenibilidad del sistema.
Colombia enfrenta una encrucijada sanitaria. La salud de millones de ciudadanos pende de decisiones políticas, técnicas y éticas que ya no admiten más aplazamientos.
