Por Pilar Salcedo Jiménez
El proyecto de ley de sometimiento 2.0, presentado por el Gobierno Nacional, podría derivar en impunidad y beneficios desproporcionados para estructuras criminales. Son 54 artículos.
Según el analista e investigador Eisenhower Zapata, esta propuesta no solo corre el riesgo de fracasar, como ocurrió con intentos anteriores, sino que además podría beneficiar a organizaciones criminales como “La Cordillera” —siempre y cuando este grupo manifieste su deseo de participar en el proceso— y dejar en el olvido a las víctimas del conflicto armado.
“Estamos ante un proyecto que mezcla dos enfoques incompatibles: por un lado, el sometimiento de bandas criminales, y por otro, la rebaja de penas a quienes ya han sido procesados y condenados”, advierte Zapata.
El defensor señala que el texto legal parece responder más a acuerdos informales sostenidos en reuniones del presidente Gustavo Petro con estructuras criminales en Medellín, que a una política integral de justicia transicional.
Zapata alerta que, bajo el proyecto, criminales ya condenados podrían recibir rebajas de hasta el 70 % de sus penas si han cumplido una tercera parte de su condena. Asimismo, quienes se acojan al sometimiento por primera vez podrían recibir penas de 1 a 8 años de prisión.
Además, los beneficios incluyen: no extradición, retención de hasta el 12 % de sus bienes ilícitos y alojamiento en zonas cercanas a sus familias.
“Estamos premiando el crimen. El mensaje que se envía a la sociedad es que el delito paga”, afirma Zapata. “¿Qué pasa con las víctimas de esos crímenes? No están en el centro del proyecto, apenas se menciona su reparación de manera superficial”.
El precedente de la ley 975 y la impunidad
Zapata recuerda que la ley 975 de 2005, que buscó la desmovilización de paramilitares, terminó en una impunidad del 92 %.
“De más de 50.000 procesados, solo hubo 12 condenas efectivas”, señala.
También cuestiona la pérdida o el mal manejo de los bienes entregados por los excombatientes, que en su mayoría nunca llegaron a las víctimas.
“No queremos repetir la historia. Las víctimas quedaron en el olvido mientras testaferros y políticos se apropiaban de lo que debía ser usado para reparar”.
El defensor también advierte sobre el riesgo de que las estructuras criminales se conviertan en actores electorales.
“Ya pasó con la parapolítica. Muchos de los que entraron al proceso de paz terminaron influyendo en elecciones. Hoy podríamos ver algo similar con estos grupos criminales apoyando candidatos que respalden sus intereses”.
Zapata teme que el gobierno de Petro esté buscando consolidar un sucesor a cualquier precio, incluso si eso significa comprometer los principios éticos de la democracia.
“El Gobierno quiere votos, y estos grupos pueden ofrecérselos a través de sus estructuras en las regiones”.
¿Cordillera se beneficiaría?
Sobre el grupo criminal Cordillera, Zapata indicó que, aunque no hay miembros con solicitud formal de extradición, sí existen antecedentes preocupantes: más de 220 personas capturadas en los últimos 10 años. La estructura, actualmente dispersa, podría reorganizarse para acogerse al proyecto si se les permite nombrar voceros y ser reconocidos como organización negociadora.
“¿Cómo vamos a calcular los bienes ilícitos de estas estructuras? ¿Quién verifica que no sigan delinquiendo? Hoy muchos de los que quieren negociar siguen delinquiendo, y eso ya está comprobado”.
“Si el objetivo es construir paz, que sea con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero si el objetivo es construir poder, estamos abriendo una puerta muy peligrosa”.
Otras voces
Luis Alfonso Albarracín
Analista
“Si Gustavo Petro y quienes lo apoyan con este proyecto pretenden ganar votos para su proyecto político, es un error. La sociedad los va a castigar y les va a dar una ‘muenda electoral’. El Gobierno debe más bien generar sinergia para lograr la paz total. Estoy de acuerdo con la política de paz, pero no de esa forma.
Hay que fortalecer nuestras fuerzas militares con modernización y dotación. En lugar de estar peleando con países duros como Israel, más bien debe hacer alianzas benéficas para la paz en Colombia. Tampoco es bueno que siga confrontando al Congreso. Petro puede tener buena intención, pero no es la forma”.
