La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, pidió este sábado que se respete la independencia judicial y se cese la estigmatización de la jueza Sandra Heredia, quien recientemente condenó al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Marín expresó su preocupación por las reacciones políticas generadas tras la histórica sentencia contra Uribe, quien fue presidente del país entre 2002 y 2010, y subrayó que este tipo de respuestas socavan la legitimidad del sistema judicial. “Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial y su legitimidad institucional”, señaló.
La defensora del pueblo insistió en que las decisiones judiciales son legítimas y deben ser debatidas exclusivamente dentro del marco del Estado de Derecho, rechazando que se intente convertir este fallo en un tema político o electoral. “Las decisiones judiciales se pueden debatir, pero por la vía del Estado de derecho”, destacó.
Además, Marín recordó la histórica violencia sufrida por jueces y fiscales en Colombia, como lo documentó la Comisión de la Verdad. “Los funcionarios de la Justicia han sufrido violencia y muchos fueron acallados o exiliados”, comentó, resaltando la importancia de que el país respete y valore la labor de los funcionarios judiciales.
La funcionaria también alertó sobre los riesgos que conlleva la estigmatización sin fundamento, advirtiendo que podría incitar ataques violentos contra los servidores públicos, tal como ha ocurrido en el pasado.
Finalmente, Marín concluyó que este no es un debate político ni electoral y exhortó al país a darle paso a la Justicia, reiterando: “La Justicia se honra con respeto a las formas del proceso y a quienes tienen el mandato constitucional de tomar estas decisiones”.
El pasado viernes, la jueza Sandra Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, dictó la sentencia que convierte a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. La pena se relaciona con su implicación en la manipulación de testigos y fraude procesal, un fallo que marca un hito en la historia judicial del país.
