El Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo presentaron evaluaciones distintas sobre el nivel de riesgo electoral que enfrenta el país de cara a los próximos comicios.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que existen 104 municipios con un nivel grave de riesgo, concentrados principalmente en zonas con presencia de cultivos ilícitos y problemas de orden público. Según explicó, el diagnóstico del Gobierno se basa en información de inteligencia y seguridad territorial.
Sin embargo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reveló este martes un mapa de alertas tempranas que identifica 649 municipios con distintos niveles de riesgo electoral. De ellos, 62 presentan riesgo grave, 162 requieren atención urgente y 425 tienen un llamado de acción prioritaria.
Marín explicó que el informe fue elaborado con la participación de más de 100 funcionarios desplegados en distintas regiones del país, y que busca promover la coordinación institucional para prevenir hechos de violencia y proteger los derechos políticos de la ciudadanía.
El contraste entre ambas cifras ocurre en un contexto de creciente tensión por la seguridad electoral, tras recientes hechos de violencia política, entre ellos el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y las amenazas contra la campaña presidencial de Mauricio Lizcano.
La defensora del Pueblo enfatizó que el propósito del documento es fortalecer las medidas de protección antes, durante y después de las elecciones de 2025 y 2026. “Buscamos una acción coordinada del Estado para garantizar la vida y los derechos políticos en los territorios más afectados”, señaló.
A pesar de las diferencias, tanto el Gobierno como la Defensoría coinciden en que los mayores riesgos se concentran en regiones como Norte de Santander, Putumayo, Arauca, Cauca, Nariño, Chocó y el sur del Valle del Cauca.
Durante una sesión de la Comisión de Seguimiento Electoral, liderada por el registrador Hernán Penagos, las partes acordaron mantener la vigilancia sobre los 62 municipios de mayor riesgo y ratificaron que no se contempla suspender ni aplazar las elecciones.
