El Parlamento de Israel aprobó este lunes en primera lectura un controvertido proyecto de ley que busca imponer la pena de muerte obligatoria para los terroristas responsables de ataques letales contra israelíes. La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, obtuvo 39 votos a favor y 16 en contra, y deberá superar dos rondas más de votación antes de convertirse en ley.
La enmienda al Código Penal israelí pretende aplicar la máxima sanción a cualquier persona condenada por asesinato con motivaciones nacionalistas o racistas, y con la intención de dañar al Estado de Israel. “Todo terrorista lo sabrá: esta es la ley que disuadirá. Es la ley que infundirá temor”, afirmó Ben Gvir durante la sesión plenaria, calificando la iniciativa como “la más importante en la historia del Estado de Israel”.
Aunque la pena de muerte ya existe en la legislación israelí para un número muy limitado de delitos, el país es considerado abolicionista de facto, pues solo se ha aplicado una vez: en 1962, con la ejecución del criminal nazi Adolf Eichmann, responsable del Holocausto.
Ben Gvir, líder del partido Poder Judío, había amenazado con retirar su apoyo a la coalición de gobierno si el proyecto no era sometido a votación. En su exposición ante el Parlamento, argumentó que la medida busca “cortar de raíz el terrorismo y crear un fuerte elemento disuasorio”.
La propuesta surge en medio de la tensa tregua entre Israel y Hamas en la guerra de Gaza, iniciada tras los ataques del grupo islamista el 7 de octubre de 2023. Diversas organizaciones palestinas y de derechos humanos denunciaron el proyecto, calificándolo de “instrumento de persecución política y legalización del asesinato sistemático”.
El movimiento Hamas aseguró en un comunicado que la ley “pretende justificar el asesinato masivo de palestinos”, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino, con sede en Ramallah, advirtió que se trata de una “nueva forma de escalada del extremismo israelí”.
Según la Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI), desde que Ben Gvir asumió su cargo en diciembre de 2022, el 95,5 % de las investigaciones penales por incitación al terrorismo se han dirigido contra palestinos, incluidos ciudadanos israelíes.
El debate ahora pasará nuevamente al Parlamento, donde el gobierno de Benjamin Netanyahu deberá enfrentar la presión de los sectores moderados, las críticas internacionales y el escrutinio de organismos de derechos humanos, antes de que la ley pueda ser ratificada de forma definitiva.
