El articulado, que debió existir hace al menos tres años, define quiénes pueden aspirar, cómo se financian las campañas y qué límites tendrán las 16 circunscripciones especiales para víctimas. El calendario electoral ya corre sin reglas claras.
Con el tiempo encima y el calendario electoral rumbo a 2026 ya en marcha, el Gobierno por fin radicó el proyecto de ley estatutaria que busca poner reglas claras a las 16 curules de paz, creadas para las víctimas y los territorios más golpeados por el conflicto armado. El documento llega casi cuatro años tarde y en medio de un escenario en el que las inscripciones de candidatos ya avanzan sin un marco jurídico sólido.
Este diario conoció que solo hasta el pasado 1 de octubre el Ministerio del Interior presentó el proyecto de ley estatutaria que fija quiénes pueden ser candidatos, cómo se elegirán, de dónde saldrá el presupuesto para sus campañas y qué límites tendrán estas circunscripciones. La nueva norma deberá reemplazar al Decreto 1207 de 2021, la única reglamentación detallada que han tenido estas curules y que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en agosto de 2023.
La consecuencia inmediata, advierten congresistas y organizaciones especializadas, es el riesgo de repetir en 2026 el cóctel de demandas, inseguridad jurídica y desconfianza que ya marcó la elección de 2022.
Un vacío legal que viene de 2023
El Decreto 1207 de 2021 permitió, por primera vez, poner en marcha las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y elegir las 16 curules en los comicios de 2022. Sin esa norma, esos escaños no habrían llegado al Congreso.
Pero en agosto de 2023 la Corte Constitucional tumbó el decreto al concluir que regulaba materias propias de una ley estatutaria —que requiere trámite especial y control previo— sin haber sido sometido a ese examen. El Gobierno de Iván Duque, dijo la Corte, “omitió el deber de enviarlo automáticamente para control integral y definitivo”, lo que llevó a la inexequibilidad total del decreto.
Desde entonces, a las curules solo les aplica el acto legislativo que las creó y una resolución operativa de la Registraduría. Ninguno de esos instrumentos desarrolla con detalle temas clave como requisitos de los candidatos, inhabilidades, reglas de financiación o mecanismos de verificación.
“Hoy estamos inscribiendo candidatos sin un marco legal claro, y eso va a terminar en demandas y en inseguridad jurídica”, advierte Diógenes Quintero, representante de la curul del Catatumbo. La incertidumbre llega al punto, dice, de no tener plena certeza de quién está habilitado y quién no.
La Misión de Observación Electoral (MOE) coincide. “No es solo un problema técnico. La demora en reglamentar las curules es un riesgo político y jurídico que puede repetir los errores de 2022. No se puede repetir el caos electoral”, señala el investigador Camilo Rubiano.
Ya en abril pasado, Colombia+20 había alertado sobre la urgencia de que el Ministerio del Interior actualizara la reglamentación para evitar que el vacío se tragara la campaña de 2026.
Un proyecto tarde y con poco margen
El proyecto radicado el 1 de octubre retoma y ajusta buena parte del contenido del Decreto 1207, pero ahora bajo la forma de ley estatutaria. Eso implica un trámite más exigente: debe pasar por el Congreso y luego por la revisión automática de la Corte Constitucional.
En contra juegan dos factores obvios: el tiempo y la agenda política. Por un lado, las elecciones al Congreso están previstas para marzo y el calendario electoral ya corre; por el otro, el proyecto tendrá que competir por prioridad con otras iniciativas consideradas “más urgentes” dentro del paquete legislativo del Gobierno.
“Le dijimos al ministro del Interior que esto tiene que ser con trámite de mensaje de urgencia, porque si no, no se alcanza”, explica Quintero. “Hoy estamos en la situación de que ya está corriendo el calendario electoral, ya están abiertas las inscripciones y no hay un marco: solo contamos con el acto legislativo y una resolución de la Registraduría, pero no está la ley reglamentaria”.
Quiénes pueden ser candidatos
El proyecto fija una regla central: solo podrán aspirar quienes acrediten la condición de víctimas del conflicto armado mediante certificación expedida por la Unidad para las Víctimas, conforme a la Ley 1448 de 2011.
Además, los aspirantes deberán haber nacido o residido “por un período no inferior a tres años continuos o discontinuos dentro de la circunscripción”. Para las víctimas desplazadas se incluye una excepción: podrán postularse si demuestran “retorno efectivo o intención permanente de retorno al territorio”.
Qué organizaciones pueden otorgar avales
El texto delimita con precisión quién puede presentar listas para las Citrep:
Organizaciones de víctimas con al menos tres años de constitución y presencia en el territorio.
Organizaciones sociales y campesinas con una trayectoria mínima de cinco años de trabajo en la circunscripción.
En zonas con presencia étnica mayoritaria, autoridades indígenas y consejos comunitarios también quedan habilitados.
Según el Ministerio del Interior, esta arquitectura busca garantizar un verdadero “arraigo territorial” y cerrar la puerta a actores externos que pretendan instrumentalizar estas curules.
Listas en binomio y paridad de género
El proyecto mantiene la figura del binomio: cada lista deberá estar integrada por dos candidatos principales. Ambos deben acreditar la condición de víctimas.
La novedad fuerte está en la regla de género: la conformación de las listas “será paritaria entre hombres y mujeres”. Es decir, el binomio debe respetar la paridad.
Este ajuste responde a una crítica que dejó la elección anterior: pese a que muchas lideresas impulsaron las campañas, los hombres terminaron ocupando la mayoría de las 16 curules. Solo en tres circunscripciones las mujeres lograron quedarse con la silla.
Certificación y proceso de inscripción
En la parte operativa, el proyecto obliga a la Unidad para las Víctimas a expedir las certificaciones de la condición de víctima en un plazo máximo de 10 días hábiles después de la solicitud.
La persona interesada deberá diligenciar el formulario “Solicitud Certificación Candidatos Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”, y la Unidad verificará la información en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Los candidatos a las Citrep solo podrán inscribirse ante la Registraduría a través de:
Listas avaladas por organizaciones de víctimas, campesinas o sociales (incluyendo organizaciones de mujeres).
Grupos significativos de ciudadanos.
En territorios étnicos, también podrán presentar candidatos los consejos comunitarios y las autoridades indígenas debidamente constituidas y registradas ante el Ministerio del Interior, así como las Kumpañy reconocidas por esa cartera.
Queda abierta, además, la posibilidad de inscripción por firmas: se exige un respaldo equivalente al 10 % del censo electoral de la circunscripción, con un techo máximo de 20.000 firmas.
El proyecto ordena que la Registraduría y el Ministerio del Interior implementen mecanismos conjuntos de verificación para evitar las disputas administrativas que marcaron las elecciones de 2022.
Inhabilidades, prohibiciones y ruptura con los partidos
En materia de filtros, el texto es explícito:
Las personas que hayan pertenecido a grupos armados ilegales seguirán inhabilitadas para aspirar durante los 20 años siguientes a su desvinculación.
Se prohíbe la candidatura de quienes hayan ejercido cargos de autoridad local en la circunscripción en periodos recientes.
Se excluye a quienes tengan “vínculos recientes con partidos o movimientos políticos con personería jurídica” o hayan ejercido cargos de autoridad civil, política o administrativa en el territorio.
Una de las líneas más duras del articulado establece que no se permitirán alianzas, acuerdos o coaliciones con partidos o movimientos con personería jurídica. Y va más allá: cualquier vínculo partidista indebido será causal de pérdida de la curul en caso de resultar electos.
Esta respuesta apunta directamente a las críticas de 2022, cuando aspirantes con poder local y cercanía a maquinarias tradicionales lograron entrar a la contienda para curules concebidas como espacios de representación directa de las víctimas.
Dónde se vota y cómo se financian las campañas
El proyecto determina que la votación se realizará exclusivamente en zonas rurales, dispersas o apartadas de los 167 municipios priorizados PDET. Es una forma de evitar traslados masivos de votantes hacia cabeceras o centros urbanos.
La Registraduría, además, deberá habilitar nuevos puestos de votación en lugares donde no haya existido oferta electoral previa, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.
En financiamiento, el esquema se orienta hacia un modelo más garantista:
Las campañas recibirán anticipos equivalentes al 50 % del valor estimado de la reposición por votos.
Las donaciones privadas deberán canalizarse exclusivamente a través del Fondo Nacional de Financiación Política.
El texto ordena una vigilancia reforzada para prevenir que recursos ilegales —provenientes de economías ilícitas presentes en muchos de estos territorios— capturen o distorsionen las campañas.
Tribunales de paz, observación y seguridad
El articulado crea los Tribunales Electorales Transitorios de Paz, que operarán durante los tres meses previos a la elección y hasta la declaratoria de resultados. Su tarea será resolver controversias con mayor rapidez en contextos donde los tiempos y la seguridad son críticos.
También se establece la presencia obligatoria de misiones de observación nacional e internacional y la adopción de protocolos diferenciados de seguridad electoral para territorios con riesgo alto o extremo, en un escenario marcado por el aumento del control armado irregular en varias de las circunscripciones.
Cédulas, censo y pedagogía: la otra deuda
El proyecto incluye un componente de garantía ciudadana con miras a corregir otro déficit de 2022: la falta de información y documentación en los territorios.
La Registraduría deberá adelantar jornadas especiales de cedulación y actualización del censo en áreas rurales dispersas. Paralelamente, el Estado tendrá que poner en marcha estrategias de pedagogía electoral para explicar quiénes pueden votar y cómo funcionan estas curules, con el fin de reducir la confusión que marcó el debut de las Citrep.
Mientras el reloj legislativo avanza y la campaña de 2026 se aproxima, el futuro de las curules de paz se juega en dos tableros: el del Congreso, que deberá decidir si le da prioridad real a la ley estatutaria, y el de los territorios, donde víctimas y organizaciones locales siguen esperando que estas 16 sillas cumplan la promesa original del Acuerdo de Paz: llevar la voz del conflicto —y de su reparación— al corazón del Capitolio.
