La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que la Fiscalía solicitará este miércoles una audiencia de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), considerado el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro.
Camargo precisó que la diligencia será radicada por la fiscal del caso, María Cristina Patiño, ante el Tribunal Superior de Bogotá, instancia competente debido al fuero del exministro. Los cargos que la Fiscalía le imputará son, de acuerdo con los expedientes conocidos, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos dentro del caso UNGRD.
La decisión se produce después de meses de expectativa y de un cúmulo de testimonios y pruebas documentales recogidas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en torno a la presunta red de compra de apoyos políticos a congresistas mediante contratos de la entidad de gestión del riesgo.
El corazón del caso: contratos por $92.000 millones y la Resolución 3202
En el centro del expediente aparecen tres proyectos de obra por más de $92.000 millones, que habrían sido ofrecidos como contraprestación a congresistas de las comisiones económicas para asegurar votos a favor de créditos de la Nación ante la banca internacional.
Según los testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla, esos contratos se planearon para:
Cotorra (Córdoba) – alrededor de $50.000 millones.
El Salado (Carmen de Bolívar, Bolívar) – cerca de $12.300 millones.
Saravena (Arauca) – unos $30.000 millones. El esquema, siempre según esos testigos, habría sido alimentado por recursos aprobados desde el Ministerio de Hacienda a través de la Resolución 3202 del 11 de diciembre de 2023, con la que se autorizaron $700.000 millones adicionales para la UNGRD. El documento oficial confirma esa adición presupuestal, aunque su eventual uso irregular es materia de investigación.
López ha sostenido ante la Corte Suprema que antes de esa resolución se celebró un “cónclave” en la Casa de Nariño, el 27 de noviembre de 2023, donde —asegura— se explicó la estrategia para usar contratos de la UNGRD como moneda de cambio para asegurar apoyos legislativos. En ese encuentro habrían participado, según su versión, altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
El papel de la exasesora María Alejandra Benavides
Otra pieza clave del caso es la exasesora de Bonilla en el Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien hoy colabora con la justicia bajo un principio de oportunidad que le otorga inmunidad total a cambio de contar lo que sabe del esquema.
Benavides ha declarado ante la Corte Suprema y la Fiscalía que el ministro le habría autorizado, el 31 de octubre de 2023, a recibir proyectos en la UNGRD y a articular, junto con Sneyder Pinilla, la gestión de contratos dirigidos a alcaldías de los municipios mencionados, como parte de una negociación política con congresistas. En paralelo, la desaparición del computador portátil asignado a Benavides en el Ministerio de Hacienda —hecho reconocido por la propia cartera, que asegura tener copia de respaldo en sus servidores— abrió otro frente de cuestionamientos sobre el manejo de posibles evidencias digitales relacionadas con el caso.
La defensa de Bonilla: “Puedo cometer errores, pero no delitos”
Desde que su nombre empezó a aparecer en las declaraciones de López, Pinilla y Benavides, Ricardo Bonilla ha insistido en su inocencia. En noviembre de 2024, cuando se conoció parte del testimonio de su exasesora, el entonces ministro publicó un comunicado en el que afirmó: “eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos”, y aseguró que enfrentará las investigaciones con respeto por la Fiscalía y los jueces.
Su defensa ha sostenido, además, que los proyectos en Cotorra, El Salado y Saravena venían tramitándose desde antes y que las decisiones del Ministerio se adoptaron dentro del marco legal, en beneficio de las comunidades y no de intereses políticos o personales.
En diciembre de 2024, en medio del avance de las investigaciones, Bonilla renunció al Ministerio de Hacienda para, según explicó, concentrarse en su defensa sin afectar la agenda del Gobierno. El presidente Petro dijo entonces que no lo consideraba culpable, pero aceptó su salida en medio de la presión política que ya generaba el escándalo.
Un capítulo más en el mayor escándalo del gobierno Petro
La imputación a Bonilla se suma a una larga lista de exfuncionarios y políticos investigados por la red de corrupción que habría operado desde la UNGRD para desviar recursos y comprar apoyos en el Congreso: cinco exfuncionarios están detenidos, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla, y la Corte Suprema ordenó la captura de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, por presuntamente haber recibido millonarios sobornos
En el caso de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y luego de la Dirección Nacional de Inteligencia, la historia tomó un giro internacional: enfrenta cargos en Colombia por su supuesto papel en la trama y hoy permanece asilado en Nicaragua, país que rechazó su extradición pese a la circular roja de Interpol y a los reclamos del Gobierno colombiano. Con la solicitud de imputación contra Ricardo Bonilla, la Fiscalía da un paso más en la judicialización de lo que la propia prensa y organismos de control han descrito como el escándalo de corrupción más estruendoso del actual gobierno. Sin embargo, el proceso apenas entra en una nueva fase: será ahora el Tribunal Superior de Bogotá el que escuche los cargos y, más adelante, la justicia la que determine si las acusaciones y testimonios se traducen o no en una condena. Hasta entonces, el exministro mantiene intacto su derecho a la presunción de inocencia.
