El fallo a 28 años de prisión contra Santiago Uribe por liderar el grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’ ensombrece el impulso político que el expresidente había recuperado tras ser absuelto en el llamado “juicio del siglo”.
La escena política de la derecha colombiana cambió de tono en cuestión de semanas. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, recién absuelto en segunda instancia en el proceso por manipulación de testigos y fraude procesal, se perfilaba de nuevo como gran articulador de una coalición conservadora para las elecciones de 2026.
Pero el ambiente de victoria se vio abruptamente golpeado por la condena, también en segunda instancia, de su hermano menor, el ganadero Santiago Uribe Vélez, sentenciado a 28 años de prisión por delitos ligados al paramilitarismo. El Tribunal Superior de Antioquia lo declaró responsable de concierto para delinquir agravado, por la conformación y liderazgo del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, y de homicidio agravado por el asesinato del conductor de bus Camilo Barrientos en Yarumal, Antioquia.
La decisión revocó una absolución previa y reconstruyó judicialmente el papel de Santiago Uribe en una estructura de “limpieza social” que operó en el norte de Antioquia en los años noventa, a la que se le atribuye un amplio número de crímenes, entre ellos asesinatos y desapariciones.
Del impulso judicial al lastre electoral
La condena estalla justo cuando Álvaro Uribe parecía salir reforzado del proceso que lo enfrentó durante más de una década al senador de izquierda Iván Cepeda. El pasado 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando una condena en primera instancia que le imponía 12 años de prisión domiciliaria.
Esa absolución fue leída como una victoria crucial para el uribismo y como el punto de partida del regreso del expresidente al primer plano de la contienda. Uribe había dejado claro que volverá a aspirar al Senado en marzo de 2026, con la idea de usar esas legislativas y las consultas interpartidistas como una especie de primera vuelta presidencial, mientras impulsa una gran coalición de derechas para disputar la sucesión de Gustavo Petro. El País+1
Desde su finca en Rionegro (Antioquia), Uribe venía sosteniendo conversaciones con potenciales aliados y figuras de peso, no solo dentro de su partido, el Centro Democrático, que aún no define candidato propio, sino también con dirigentes como el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, la periodista Vicky Dávila y el abogado Abelardo de la Espriella, entre otros, todos atentos a su bendición política.
Ahora, el fallo contra Santiago Uribe reaviva el señalamiento que ha perseguido al expresidente durante años: la presunta cercanía de su entorno familiar con el paramilitarismo. Ese flanco, que sus adversarios nunca han dejado de explotar, se convierte de nuevo en eje del debate justo cuando arranca el calendario electoral.
El origen del ‘juicio del siglo’ y la figura de Cepeda
El caso que casi lleva a la condena de Álvaro Uribe se remonta a 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda investigaba supuestos vínculos del expresidente con grupos paramilitares. Uribe respondió denunciándolo ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de montar un complot con falsos testigos presos para desprestigiarlo.
Sin embargo, en 2018 la Corte decidió no procesar a Cepeda y, por el contrario, abrió investigación contra Uribe al sospechar que habría sido su entorno el que presionó a testigos para que se retractaran o modificaran sus declaraciones. De ese giro nació el proceso conocido mediáticamente como el “juicio del siglo”, que mantuvo al líder de la derecha en el centro del huracán judicial hasta la absolución de octubre
Mientras tanto, Cepeda pasó de ser un férreo contradictor del uribismo a consolidarse como candidato presidencial de la izquierda. El senador ganó con holgura la consulta interna del Pacto Histórico, en la que obtuvo alrededor de 1,5 millones de votos, y hoy encabeza varias mediciones de intención de voto de cara a las presidenciales de 2026.
No sorprende que haya celebrado sin matices la condena contra Santiago Uribe, a la que calificó como una buena noticia para las víctimas y para la verdad en Colombia. En un tono similar se pronunció la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien recordó, al saludar el fallo, que “no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla” y dirigió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas del paramilitarismo.
Una campaña bajo la sombra del paramilitarismo
Aunque jurídicamente se trata de procesos distintos, la coincidencia temporal de la absolución de Álvaro Uribe y la condena de su hermano configura un escenario complejo para el expresidente. De un lado, puede alegar que la justicia lo declaró inocente en su propio caso; del otro, debe cargar con el impacto político y simbólico de un fallo que atribuye a un miembro de su familia un rol de liderazgo en una estructura paramilitar.
En un país donde la guerra sucia y la connivencia entre élites y grupos armados siguen siendo heridas abiertas, la sentencia contra Santiago Uribe se convierte en munición discursiva para los adversarios del uribismo y en un desafío para quienes en la derecha buscan construir una propuesta competitiva sin quedar atrapados en el pasado del conflicto.
Los vientos de los fallos judiciales, que hace apenas un mes soplaban con fuerza a favor del expresidente, han cambiado de dirección. A las puertas de un nuevo ciclo electoral, Álvaro Uribe tendrá que demostrar si su influencia es capaz de resistir también esta nueva tormenta que llega, esta vez, desde el seno de su propia familia.
