En plena ola de violencia contra el Inpec, el Gobierno mantiene acercamientos con Andrés Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, señalado como cabecilla de la organización criminal “la Inmaculada” y presunto responsable de los recientes atentados que dejaron cuatro dragoneantes muertos el fin de semana.
Según se conoció, el pasado 16 de julio funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) visitaron al capo en la estación de Policía Los Mártires, en Bogotá, encuentro autorizado por la Fiscalía. A la reunión asistieron tres delegados de la entidad y la abogada del detenido. El propio director de la DNI, Jorge Lemus, explicó que el propósito fue “caracterizar la organización” y explorar si puede ser incluida en los marcos de la ley de “paz total”.
De acuerdo con versiones conocidas del encuentro, “Pipe Tuluá” habría ofrecido entregar cerca de 300 menores reclutados por su estructura ilegal a cambio de ser designado gestor de paz. Su defensa insiste en que los contactos con el Ejecutivo buscan “gestos de paz” y el desmantelamiento de sus redes criminales.
Revés judicial y permanencia en estación
En paralelo, el Tribunal de Riohacha revocó una decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de La Guajira que ordenaba trasladar al narcotraficante al pabellón de extraditables de La Picota. El Inpec aclaró que esa tutela debía tramitarse en un juzgado de Bogotá, por tratarse de la jurisdicción donde está recluido. Con ello, el cabecilla continuará en la estación de Policía Los Mártires, bajo estrictas medidas de seguridad.
Gestorías bajo la lupa
El intento de “Pipe Tuluá” por colarse a la “paz total” de Gustavo Petro reaviva la polémica sobre las gestorías de paz, figura que ha sido duramente cuestionada por sectores políticos y de la sociedad civil. Críticos señalan que, pese a estos nombramientos, la violencia en las zonas rurales del país no ha disminuido y, por el contrario, varios indicadores van al alza.
Entre las gestorías más discutidas están las de 16 exjefes paramilitares –incluidos “don Berna” y “Cuco”, presos en Estados Unidos– con quienes el Gobierno busca cerrar el proceso de Justicia y Paz con las AUC. Ayer, uno de ellos, Salvatore Mancuso, fue recibido en la Casa de Nariño por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, donde oficializó su rol como gestor y aseguró estar “listo para la recta final de la paz total”.
También han generado controversia las gestiones con estructuras urbanas, como la mesa de paz del Valle de Aburrá con cabecillas de “la Oficina” y otras bandas, así como las otorgadas al Estado Mayor de los Bloques y Frente, disidencia de las Farc que continúa cometiendo delitos en departamentos como Antioquia, Guaviare, Cauca y Caquetá.
Violencia y narcotráfico, al alza
Mientras tanto, las cifras muestran un panorama preocupante. La Defensoría del Pueblo reporta que el reclutamiento de menores por parte de grupos armados no se detiene: solo en 2024 se registraron 463 casos, 279 niños y 184 niñas.
En materia de narcotráfico, los cultivos de coca pasaron de 230.000 hectáreas en 2022 a 253.000 en 2023, y la producción estimada de cocaína aumentó de 1.738 a 2.664 toneladas métricas anuales.
En este contexto, el eventual nombramiento de “Pipe Tuluá” como gestor de paz no solo genera reparos éticos y jurídicos, sino que vuelve a poner bajo microscópica revisión la eficacia real de la “paz total” y de los polémicos salvoconductos que se otorgan a criminales con el argumento de avanzar hacia el fin del conflicto.
