El presidente Gustavo Petro decretó un incremento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, que quedará en $2.000.000, suma que incluye el auxilio de transporte. La decisión se tomó sin acuerdo en la mesa de negociación y se ajusta a lo establecido en la Ley 278 de 1996, que faculta al jefe de Estado a definir el aumento por decreto cuando no hay consenso antes del 30 de diciembre.
Con este ajuste, el salario base será de $1.746.882, mientras que el auxilio de transporte ascenderá a $253.118. El anuncio se dio tras un mensaje previo del mandatario en su cuenta de X, donde aseguró que la evidencia estadística muestra una relación inversa entre el aumento del salario mínimo y el desempleo, y que su Gobierno no permitirá que el incremento se traslade a mayores precios al consumidor. Según Petro, las ganancias empresariales deberían provenir de mayores ventas y productividad, no de alzas en los precios.
Días antes, el 23 de diciembre, el presidente había anticipado que Colombia avanzaría hacia un salario mínimo vital, una figura inspirada en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El objetivo, explicó, es que el aumento no solo mejore el ingreso, sino que dignifique la vida de las familias, garantizando acceso a la canasta familiar, educación, salud y recreación.
¿Qué pasa con quienes ganan más del salario mínimo?
La legislación colombiana es clara: no existe obligación legal de aumentar el salario a quienes devengan por encima del mínimo. La exigencia aplica únicamente para quienes reciben el salario básico legal. Sin embargo, hay una salvedad: si el nuevo salario mínimo supera el ingreso que un trabajador recibía previamente, el empleador debe nivelar su remuneración para que no quede por debajo del mínimo vigente.
Por ejemplo, si en 2025 un trabajador ganaba $1.600.000 (sin auxilio de transporte) y para 2026 el salario mínimo se fija en $1.700.000, la empresa está obligada a ajustar el sueldo al menos hasta ese umbral.
Con este decreto, el Gobierno marca un nuevo hito en la política salarial del país y reabre el debate sobre sus efectos en empleo, inflación y productividad durante 2026.
