En un operativo de la Fiscalía General de la Nación, cayeron varios funcionarios de la Policía Nacional y del CTI, quienes presuntamente recibían grandes sumas de dinero a cambio de alterar decisiones judiciales en casos sensibles relacionados con el lavado de activos. Entre los detenidos se encuentra un miembro de la Sijín de la Policía de Risaralda, acusado de liderar estos procesos corruptos, vinculados principalmente con el narcotráfico.
¿Qué pasó?
El patrullero de la Sijín, Maicol Sebastián Laguado Carrillo, fue detenido el sábado 27 de diciembre a las 7:00 de la mañana en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía de Risaralda. La captura fue realizada por el CTI de la Fiscalía de Bogotá, tras una orden judicial por presuntos delitos de concierto para delinquir, concusión, fraude procesal, falsedad ideológica y tráfico de influencias.
Laguado Carrillo había trabajado en el grupo de lavado de activos de la Dijín en Bogotá y, hace pocos meses, había sido trasladado a la Sijín de Risaralda, donde formaba parte del grupo de extinción de dominio.
El operativo desplegado por el CTI logró la captura de nueve personas, entre ellas los oficiales de la Policía Nacional, el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, y los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, además de los patrulleros Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo. También fueron detenidos dos servidores del CTI: Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, así como exfuncionarios del Inpec: Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres, y varios particulares.
La red de corrupción
Según la Fiscalía General de la Nación, estas personas aprovecharon los cargos que desempeñaron para hacer exigencias económicas entre los 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que había cumplido una condena en Estados Unidos y a sus familiares. El objetivo era evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, así como frenar órdenes de captura y otras acciones judiciales en su contra.
Los hoy investigados se habrían aprovechado de sus cargos para realizar cobros ilegales, obtener información reservada para manipular investigaciones y presionar a las víctimas. Además, se asegura que algunos de los detenidos eliminaron pruebas y evidencias para cambiar el curso de las investigaciones. También habrían obligado a testigos a dar información falsa sobre los familiares del hombre que cumplió condena en Estados Unidos, como venganza por no haber pagado las cantidades de dinero que les exigían. Asimismo, son señalados de intimidar a uno de los investigadores principales para que les permitiera acceder a detalles de los casos que les interesaban.
Pruebas
La Fiscalía ha documentado hasta ahora hechos delictivos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025. En los casos investigados, algunos de los implicados habrían tenido reuniones con las víctimas en Bogotá y Villavicencio (Meta), donde mostraron información confidencial sobre procedimientos que se llevarían a cabo para presionar a las víctimas y aumentar los cobros ilegales.
Los delitos
Los detenidos enfrentarán cargos por los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
Dato
Los operativos de captura se llevaron a cabo en Pereira, Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá) y Granada (Meta).
