Con esta medida se busca garantizar el servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran en los centros de detención transitoria (CDT).
Finalizando el 2025 la Procuraduría General de la Nación (PGN) alertó sobre la eventual suspensión del servicio de alimentación a 250 personas privadas de la libertad en Pereira.
Esto llevó a reuniones entre la administración municipal de la capital risaraldense y el organismo de control mencionado, para buscar alternativas y que no se suspendiera la prestación del servicio de alimentación, evitando así la consumación de una crisis humanitaria con la que se estaría incurriendo en tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Tras este anunció de la PGN, en Pereira se declaró el 1 de enero de este año, la emergencia manifiesta, instrumento que le permitirá a la administración municipal, bajo la modalidad de contratación directa, realizar las gestiones necesarias para que no se suspenda el servicio de alimentación.
Es preciso mencionar que este servicio está a cargo de la Alcaldía de Pereira, para las personas que están recluidas en los CDT en condición de sindicados, aclarando que a las PPL que están en condición de condenadas, la alimentación la suministra el Inpec y la Uspec.
Importante recalcar que la contratación durante la urgencia manifiesta no es permanente, lo que indica que el municipio tendrá que adelantar el proceso licitatorio para la contratación del servicio una vez culmine la declaratoria mencionada.
En el decreto de la urgencia manifiesta, se menciona que “…. se solicitará el acompañamiento preventivo de la Procuraduría Provincial y la Personería del municipio de Pereira, para que el ámbito de sus competencias ejerzan de manera preventiva el control a las actuaciones que se surtan mediante el presente decreto, y sobre las actuaciones que se deriven del mismo.
Dónde están
La mayoría de los PPL en condición de sindicados en Pereira, se encuentran en la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV), mientras que otros están en las estaciones de policía (Pereira, Remanso, Cuba, CTI y Sijín), así como en el centro penitenciario femenino de La Badea.
Según se estable en la urgencia manifiesta, en estos sitios hay alrededor de 260 PPL, población a la que se le deberá garantizar la alimentación mencionada.
Destacado
Desde el 1 de julio al 31 de diciembre del 2025, la alimentación de los PPL en condición de sindicadas en Pereira, estuvo a cargo de la administración municipal, contrato que ascendió a los $2.243 millones que correspondía a desayuno, almuerzo, cena y refrigerio a diario.
Oficio
En octubre del 2025, la administración municipal de Pereira envío a los Ministerios de Justicia y Hacienda, así como al USPEC y la Procuraduría, un oficio en el que detalló porque no podía continuar con el servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad en condición de sindicadas.
En el documento se menciona que “Imposibilidad Financiera y Presupuestal: El municipio de Pereira no cuenta con una fuente de financiación estable con la capacidad fiscal para absorber de manera sostenible el alto costo del servicio de alimentación para la PPL.
Asumir esta obligación de manera permanente comprometería gravemente el presupuesto municipal, destinado a otras competencias constitucionales prioritarias como salud, educación e infraestructura, afectando la sostenibilidad fiscal de la entidad territorial”.
A esto se suma que también se solicitó que la USPEC retomará el servicio de alimentación, a lo que dicha entidad respondió que no había viabilidad jurídica ni financiera para retomar dicha función. Además indicaron en noviembre del año pasado, que la administración municipal debía realizar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio con recursos propios.
Pie de foto: En el 2025 la responsabilidad de la alimentación a los PPL en condición de sindicados, pasó de la Uspec a los entes territoriales, siendo Pereira una de las primeras ciudades del país en arrancar con el suministro de los alimentos con recursos propios.
