La crisis institucional del Deportivo Pereira alcanzó este viernes 16 de enero de 2026 uno de sus puntos más críticos. La Superintendencia de Sociedades anunció que decidió someter al club al régimen de control, el máximo grado de supervisión previsto en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995, tras evidenciar graves falencias en los ámbitos jurídico, contable y administrativo.
Según informó el organismo de control, la medida se adoptó luego de una actuación administrativa que permitió constatar una situación que compromete seriamente la estabilidad financiera y operativa de la sociedad deportiva, así como el cumplimiento de sus obligaciones legales.
El mayor nivel de supervisión sobre el club
El sometimiento a control faculta a la Superintendencia para intervenir de manera directa en la gestión del Deportivo Pereira. Entre sus atribuciones se encuentran la posibilidad de impartir órdenes a los administradores, exigir planes de mejoramiento, autorizar o restringir determinadas operaciones y realizar un seguimiento permanente a las decisiones internas del club.
La entidad explicó que el objetivo de esta medida es propiciar la recuperación integral del Pereira mediante una vigilancia técnica y cercana, orientada a corregir de forma oportuna las irregularidades detectadas y evitar un mayor deterioro de la situación empresarial.
“La finalidad es garantizar transparencia en la información financiera y que las decisiones se adopten bajo criterios técnicos y de responsabilidad”, señaló la Superintendencia.
Una decisión en medio de sanciones y denuncias
La determinación se produce en un contexto especialmente adverso para el conjunto matecaña. A finales de 2025, el club se acogió a la ley de quiebras tras una profunda crisis económica que derivó en retrasos salariales de hasta dos meses con sus jugadores.
Como consecuencia, varios futbolistas rescindieron sus contratos por justa causa y denunciaron que fueron bloqueados para fichar con otros equipos del fútbol profesional colombiano. Estas quejas fueron respaldadas por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que acusó al club y a la Dimayor de vulnerar el derecho al trabajo de los deportistas, pese a no existir vínculo contractual vigente.
A la lista de problemas se suman la revocatoria del reconocimiento deportivo por parte del Ministerio del Deporte, la suspensión de actividades ordenada por el Ministerio de Trabajo y una sanción de la FIFA que le impide inscribir nuevos jugadores.
“Protección y recuperación”, según la Supersociedades
Desde la Superintendencia de Sociedades se insistió en que el sometimiento a control busca proteger a los distintos grupos de interés vinculados al club, entre ellos jugadores, empleados, acreedores y aficionados.
El superintendente Billy Escobar afirmó que la medida apunta a impulsar acciones preventivas y correctivas que fortalezcan el gobierno corporativo y permitan diseñar estrategias reales de recuperación.
“Este control pretende la protección de los diferentes grupos de interés a través de acciones que permitan corregir las debilidades detectadas y fortalecer la sostenibilidad de la empresa”, indicó el funcionario.
La entidad precisó que la decisión admite los recursos de reposición y apelación, conforme a lo establecido en la ley.
Un problema recurrente en el fútbol colombiano
Con esta intervención, el caso del Deportivo Pereira se suma a una larga lista de clubes del fútbol colombiano que han atravesado procesos de vigilancia, control o reorganización bajo la Superintendencia de Sociedades, como Cúcuta Deportivo, Deportes Quindío, América de Cali y Real Cartagena.
Para el Pereira, la medida representa una intervención decisiva en una crisis que ya superó lo deportivo y pone en riesgo su continuidad institucional en el fútbol profesional colombiano, reavivando el debate sobre la sostenibilidad financiera y la gestión administrativa de los clubes en el país.
