La realización de un encuentro vinculado a la campaña “Cepeda Presidente” en la finca El Hatillo, un bien incautado y bajo control estatal, abrió una nueva controversia sobre el uso de inmuebles administrados por el Estado y el cumplimiento de las restricciones legales que los rigen. El hecho ocurrió en el municipio de Baranoa, el sábado 10 de enero de 2026, y fue difundido en redes sociales por estructuras regionales del Pacto Histórico.
La denuncia, revelada por Semana, señala que el evento se llevó a cabo en un quiosco de palma dentro del predio El Hatillo, donde se convocó a decenas de personas para la conformación del comité agrario de la campaña. En las piezas de difusión se identificaba a los organizadores como parte del equipo agrario del Pacto Histórico en Atlántico, lo que despertó cuestionamientos sobre una posible infracción a la normativa vigente.
Restricciones legales y administración del predio
La ley prohíbe que los bienes incautados bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sean utilizados con fines políticos o proselitistas, permitiendo únicamente actividades productivas. Estas disposiciones buscan garantizar que los activos recuperados por el Estado no terminen involucrados en dinámicas partidistas.
El predio El Hatillo —identificado con matrícula inmobiliaria 040-16424— fue incautado al empresario Julio César Polanía, señalado por las autoridades por presuntos vínculos con estructuras paramilitares y la banda criminal Los Costeños. Tras la incautación, la administración provisional quedó a cargo de la Asoagro, presidida por Nelson Viloria Larios.
Consultado por Semana, Viloria negó inicialmente el carácter político del encuentro y lo describió como un espacio de análisis sobre reforma agraria. Posteriormente, al ser confrontado con la convocatoria y la mención directa al candidato, explicó que se trató de una comparación entre las políticas actuales y la propuesta agraria de Iván Cepeda, argumentando que no fue un evento formal del Pacto Histórico.
La respuesta del candidato
El propio Iván Cepeda aseguró al medio que no tuvo conocimiento previo de la reunión ni autorizó el uso de su imagen. “Yo no tenía ninguna información sobre ese evento; en ese momento estaba en España”, afirmó. Cepeda añadió que, de haberlo sabido, lo habría impedido para evitar controversias y subrayó la responsabilidad de las organizaciones administradoras de respetar las restricciones impuestas sobre los bienes incautados.
Un desafío para el control estatal
El episodio, según el análisis de Semana, pone de relieve los retos de supervisión que enfrenta el Estado en la administración de inmuebles incautados, especialmente cuando estos son entregados de manera provisional a asociaciones sociales. La polémica reabre el debate sobre la necesidad de mayores controles y sanciones para impedir usos indebidos que puedan derivar en consecuencias administrativas y políticas.
En paralelo, el contexto electoral intensifica el escrutinio. Una encuesta reciente de AtlasIntel ubica a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda como favoritos en la carrera presidencial, con escenarios de segunda vuelta que mantienen la contienda abierta. En ese ambiente, episodios como el de El Hatillo elevan la presión sobre campañas y autoridades para blindar la transparencia en el uso de recursos y bienes bajo custodia del Estado.
