La escalada de tensiones entre Ecuador y Colombia sumó este jueves un nuevo capítulo en el sector energético. El Gobierno ecuatoriano anunció que impondrá nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano a través de uno de sus principales oleoductos, una decisión que se da en el contexto de la reciente guerra arancelaria y de medidas de represalia adoptadas por ambos países.
La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, confirmó que el crudo colombiano que se moviliza por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) enfrentará un ajuste tarifario, como respuesta a la suspensión del suministro de electricidad decretada por Colombia. “La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, señaló la funcionaria en su cuenta en la red social X, al tiempo que aseguró que Ecuador prioriza “su seguridad en fronteras, su balanza comercial y su seguridad energética”.
La medida se conoce un día después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, al considerar que Bogotá no ha mostrado suficiente cooperación en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común. En respuesta, el Gobierno colombiano aplicó el mismo gravamen a una veintena de productos ecuatorianos y ordenó la suspensión de la venta de energía eléctrica al país vecino.
El papel estratégico del OCP
El Oleoducto de Crudos Pesados, del cual el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, cuenta con una capacidad de transporte de hasta 450.000 barriles diarios. Esta infraestructura es clave para el traslado de petróleo desde la Amazonía ecuatoriana hasta los puertos del Pacífico, desde donde se realiza la exportación.
Ecuador también dispone del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), con una capacidad adicional de 360.000 barriles diarios, lo que le permite diversificar las rutas internas para su producción petrolera. Según cifras del Banco Central de Ecuador, la producción de crudo del país alcanzó los 469.000 barriles diarios en noviembre pasado, de los cuales cerca del 39% se movilizó a través del OCP.
Aunque el anuncio se refiere al crudo colombiano, el Gobierno ecuatoriano aclaró que el arancel del 30% a las importaciones desde Colombia, que entrará en vigencia el próximo 1 de febrero, excluirá a la electricidad —de la cual Ecuador es deficitario— y a los servicios de logística de hidrocarburos.
Energía y comercio, en el centro del conflicto
Ecuador es un exportador neto de petróleo, pero depende de la importación de combustibles refinados, lo que convierte al sector energético en un frente especialmente sensible dentro de la actual disputa. Para Colombia, en tanto, las nuevas tarifas al transporte de crudo representan un golpe adicional en un escenario ya marcado por la suspensión de exportaciones de electricidad y el cruce de aranceles.
Por ahora, las autoridades de ambos países insisten en que las medidas buscan proteger intereses estratégicos y restablecer equilibrios, más que provocar una ruptura definitiva. Sin embargo, la ampliación del conflicto hacia el transporte de hidrocarburos confirma que la tensión comercial entre Quito y Bogotá se está trasladando a áreas clave de la integración energética regional.
