La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial personal de Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su participación en las interceptaciones ilegales realizadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El alto tribunal determinó que Moreno deberá asumir con recursos propios una sanción económica superior a los $354 millones, suma que deberá ser pagada a favor de la Nación. La condena se da en el marco de una demanda de repetición presentada en 2019 por el propio Dapre, luego de que el Estado fuera obligado a indemnizar a un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, víctima de las conocidas ‘chuzadas’.
De acuerdo con la decisión judicial, el Estado no está obligado a asumir las consecuencias económicas derivadas de actuaciones ilegales cometidas por funcionarios que actuaron con dolo o culpa grave. En este caso, el Consejo de Estado concluyó que Bernardo Moreno tuvo una participación determinante en los hechos que dieron lugar a las interceptaciones ilegales, lo que habilitó la acción para recuperar los recursos públicos pagados en indemnizaciones.
El fallo fue proferido por la Sección Tercera del alto tribunal, con ponencia del consejero de Estado Fredy Ibarra, quien señaló que la conducta del exfuncionario comprometió gravemente la responsabilidad del Estado y vulneró derechos fundamentales.
Esta decisión se suma a los pronunciamientos judiciales que, con el paso de los años, han ido estableciendo responsabilidades individuales por uno de los mayores escándalos de espionaje ilegal en la historia reciente del país, ocurrido durante el segundo mandato del expresidente Uribe.
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