La llegada de Bad Bunny a Medellín con tres conciertos consecutivos en el estadio Atanasio Girardot, los días 23, 24 y 25 de enero, no solo desató la euforia de miles de fanáticos, sino también un encarecimiento sin precedentes en los precios de hospedaje, transporte y otros servicios en la capital antioqueña.
De acuerdo con una revisión de plataformas digitales, entre el 23 y el 25 de enero los valores de alquiler alcanzaron cifras históricas. Algunos apartamentos se ofrecieron por hasta $31 millones de pesos por tres noches (alrededor de USD 7.900), mientras que se reportaron propiedades que llegaron a $98 millones de pesos, es decir, más de USD 26.000 por el mismo periodo.
Los barrios más demandados, El Poblado y Laureles, registraron precios que oscilaron entre $3,5 millones y $19 millones, dependiendo del tipo de alojamiento y su ubicación. En otras zonas como Belén, Buenos Aires y el centro de la ciudad, las tarifas también aumentaron de forma considerable, con rangos entre $1,4 millones y $11,6 millones por tres noches.
Este fenómeno generó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios denunciaron sobreprecios, cancelaciones de última hora y dificultades para encontrar alojamiento, situación que dejó por fuera a numerosos seguidores del artista puertorriqueño.
El impacto no se limitó al hospedaje. Los tiquetes aéreos hacia Medellín también registraron incrementos de hasta un 500 %. Para el fin de semana del concierto, los pasajes se cotizaron entre $400.000 y $2 millones por persona, cifras muy superiores a los valores habituales. Según datos comparativos, durante temporadas como diciembre, un viaje ida y regreso desde Bogotá rondaba los $400.000, es decir, apenas una fracción del costo actual.
A esto se sumó el malestar de algunos residentes, quienes señalaron que salir a comer o consumir en restaurantes durante esos días se volvió casi imposible por el aumento generalizado de precios, especialmente en sectores cercanos al escenario del evento.
Frente a las denuncias por cancelaciones de reservas para revender a precios más altos, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de investigaciones y advirtió que esta práctica podría ser sancionada con multas de hasta 2.000 salarios mínimos, equivalentes a más de $3.500 millones. La plataforma Airbnb respondió señalando que las cancelaciones por parte de anfitriones pueden acarrear sanciones internas, como tarifas de penalización y el bloqueo del calendario del inmueble.
Mientras Medellín vive uno de los fines de semana más movidos en términos económicos y turísticos, el debate queda abierto sobre los límites del alza de precios en eventos masivos y el impacto que este tipo de fenómenos tiene tanto en los visitantes como en los propios habitantes de la ciudad.
