El Gobierno de España anunció este martes un decreto de regularización extraordinaria que permitirá legalizar la situación migratoria de más de 500.000 personas extranjeras que viven actualmente en el país. La medida, calificada como “histórica” por el Ejecutivo, busca dar respuesta a una realidad social y laboral que, según las autoridades, ya está instalada en las calles españolas.
“Hoy es un día histórico”, afirmó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer el decreto. La funcionaria sostuvo que la regularización es “necesaria para reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
¿En qué consiste la regularización?
El plan contempla un procedimiento sencillo y con menos trabas burocráticas, algo que no ocurría en España desde hace más de 20 años. La iniciativa es fruto de un acuerdo entre el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y Podemos, su socio de izquierda, además del respaldo de múltiples organizaciones sociales, religiosas y empresariales.
Podrán acogerse a esta regularización las personas que se encuentren en situación administrativa irregular o sean solicitantes de asilo, siempre que acrediten haber estado en España o haber solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven al menos cinco meses en el país.
Requisitos y cómo acreditar la permanencia
Para demostrar la estancia en territorio español, se aceptará una amplia gama de documentos públicos y privados, entre ellos:
Certificados de empadronamiento
Contratos de alquiler
Informes de citas médicas
Certificados de asistencia a recursos sociales
Justificantes de envío de remesas
Este último punto responde a una demanda histórica de entidades sociales, dado que muchas personas en situación irregular tienen dificultades para acceder a registros oficiales.
Otro requisito clave es no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.
Fechas y garantías para los solicitantes
El plazo para presentar solicitudes se abrirá a principios de abril y se extenderá hasta finales de junio. Una de las garantías más relevantes del decreto es que, una vez presentada la solicitud, quedarán suspendidas las órdenes de expulsión y los procedimientos de retorno, incluso aquellos relacionados con trabajo sin permiso.
Además, con la sola admisión a trámite —en un plazo máximo de 15 días— los solicitantes podrán trabajar legalmente desde el primer día, en cualquier sector y en cualquier parte del país. El Estado tendrá hasta tres meses para resolver cada expediente.
Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por un año, renovable posteriormente mediante los mecanismos ordinarios de extranjería. El plan también contempla la integración familiar, otorgando permisos de hasta cinco años a hijas e hijos de las personas regularizadas.
Sin paso por el Congreso y con críticas de la oposición
Al tratarse de un Real Decreto, la medida no tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo enfrenta una fuerte oposición del Partido Popular (PP) y Vox. El PP rechazó la iniciativa al considerar que las regularizaciones “deben hacerse persona a persona y vinculadas al empleo”, mientras que Vox anunció que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo, calificándolo de “barbaridad” y advirtiendo sobre un supuesto “efecto llamada”.
En contraste, la Conferencia Episcopal de España celebró la decisión. Su presidente, Luis Argüello, afirmó que se trata de “una buena noticia” que reconoce la dignidad de miles de migrantes y contribuye al bien común.
Un antecedente en la historia reciente
Aunque es la primera regularización de este tipo durante los gobiernos de Pedro Sánchez, España ha aplicado medidas similares en el pasado. La más amplia se realizó en 2005, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y benefició a más de 570.000 personas. Antes, los gobiernos de José María Aznar y Felipe González también impulsaron procesos extraordinarios de regularización.
Con este nuevo decreto, el Ejecutivo español apuesta por una integración progresiva de la población migrante y por responder a una realidad económica y social que, según el Gobierno, ya no puede seguir siendo ignorada.
