Las familias de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago presentaron este martes 27 de enero una demanda contra la Administración de Donald Trump por la muerte de sus parientes en ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental. La querella, radicada ante un tribunal federal de Boston, marca el primer proceso judicial relacionado con una ofensiva que, según cifras oficiales, ha dejado al menos 120 personas muertas desde septiembre pasado.
La acción legal fue interpuesta por Lenore Burnley, madre de Chad Joseph, de 26 años, y por Sallycar Korasingh, hermana de Rishi Samaroo, de 41. Ambos hombres murieron el 14 de octubre en un ataque estadounidense que dejó seis víctimas mortales. De acuerdo con la demanda, Joseph y Samaroo trabajaban en actividades de pesca y agricultura en Venezuela y regresaban a su comunidad en Las Cuevas, Trinidad, cuando su embarcación fue atacada.
Los abogados de derechos civiles que representan a las familias acusan a Washington de ejecución extrajudicial y de causar la muerte de las víctimas por negligencia. “Estos son asesinatos ilegales a sangre fría; asesinatos por deporte y asesinatos teatrales”, afirmó Baher Azmy, abogado del Centro de Derechos Constitucionales, al anunciar la demanda. El recurso solicita una indemnización por daños y perjuicios, aunque no pide una orden judicial que frene futuros ataques.
El caso se inscribe en un contexto de creciente controversia por la estrategia militar de Estados Unidos en la región, descrita por la Administración Trump como una “guerra contra los cárteles de la droga”, bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Washington sostiene que las operaciones cumplen con el derecho internacional humanitario y que los objetivos eran grupos armados dedicados al narcotráfico.
No obstante, el Gobierno estadounidense no ha presentado pruebas públicas que confirmen que las embarcaciones atacadas transportaban drogas con destino a su territorio. Además, organizaciones de derechos humanos y legisladores —tanto demócratas como algunos republicanos— han cuestionado la legalidad de las operaciones, señalando que el Congreso no ha autorizado ataques militares contra cárteles.
Expertos legales subrayan que los cárteles de la droga no encajan en la definición internacional de “grupo armado”, lo que debilitaría la justificación de un conflicto armado. La demanda sostiene que Joseph y Samaroo no participaban en hostilidades contra Estados Unidos, por lo que su muerte constituiría homicidio culposo en alta mar y ejecución extrajudicial según el derecho internacional.
“Si el Gobierno estadounidense creía que Rishi había cometido algún delito, debió arrestarlo y procesarlo, no asesinarlo”, afirmó Korasingh. El proceso podría abrir la puerta a que un tribunal evalúe la legalidad del ataque del 14 de octubre y del conjunto de embestidas realizadas desde el despliegue naval estadounidense iniciado en agosto pasado.
