La representante a la Cámara Lina María Garrido encendió la polémica al advertir que un decreto en preparación del Gobierno podría poner en riesgo el ahorro pensional, al obligar —según su interpretación— a que los fondos concentren más recursos en Colombia. Su pronunciamiento se refiere a un proyecto normativo que adicionaría el artículo 2.6.12.1.27 al Decreto 2555 de 2010 y fijaría un “límite global” para la inversión en el exterior.
De acuerdo con el texto publicado por el Ministerio de Hacienda/URF para comentarios, la medida establece que la suma de las inversiones en activos del exterior de los fondos de pensiones obligatorias no podrá superar el 30% del total administrado (considerando los cuatro tipos de fondos). El borrador incluye un régimen de transición: un primer umbral de 35% en hasta tres años y el 30% en hasta cinco años, además de exigir a las AFP remitir a la Superintendencia Financiera un plan de ajuste tras la entrada en vigencia.
La controversia es de fondo: mientras voces cercanas al Ejecutivo han defendido la idea de orientar más ahorro interno hacia la inversión local, críticos señalan riesgos de menor diversificación, potencial presión para concentrarse en deuda pública y efectos sobre la rentabilidad de los afiliados. Un análisis de prensa en España apuntó que actualmente una fracción mayor del portafolio está en el exterior (cerca de la mitad, según estimaciones citadas), por lo que el ajuste implicaría cambios graduales en los portafolios.
En ese contexto, Garrido sostiene que el diseño terminaría “poniendo en riesgo” el ahorro de los trabajadores. Por ahora, el documento consultado es un proyecto sometido a comentarios, no una norma definitiva, y su alcance final dependerá de la versión que el Gobierno expida (si la expide) y de la supervisión técnica posterior
