Granada / El Santuario (Antioquia).– En una de las revelaciones más estremecedoras del macrocaso de ‘falsos positivos’ en Antioquia, exintegrantes de la IV Brigada del Ejército confesaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la existencia de una vivienda conocida como la “Casa Estudio”, utilizada para retener ilegalmente a habitantes de calle y personas vulnerables que luego eran ejecutadas y presentadas como bajas en combate.
La confesión se produjo durante la audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad por crímenes cometidos por antiguos miembros de la Brigada IV, adelantada esta semana por la JEP y centrada en hechos ocurridos en el oriente antioqueño.
Una casa para secuestrar y “preparar” víctimas
Uno de los comparecientes, Juan Carlos Quiroz, quien fue segundo comandante del Batallón de Artillería N.º 4 entre 2001 y 2004, relató que se destinó una casa ubicada entre Granada y El Santuario para retener allí a personas sacadas de las calles de Medellín y de otros sectores, en situación de extrema vulnerabilidad.
Según su testimonio, las víctimas eran llevadas con engaños —ofertas de trabajo o promesas de ayuda— y permanecían en la vivienda varios días, donde eran controladas por militares. Luego eran trasladadas a zonas rurales, donde se simulaban combates y eran asesinadas para inflar los resultados operacionales.
Otro compareciente, Andrés Mauricio Rosero, quien se desempeñó como comandante de pelotón entre 2002 y 2004, explicó ante los magistrados y las víctimas cómo se armaban las escenas criminales: se acomodaban armas, se disparaba para generar vainillas en el terreno y se elaboraban informes que describían supuestos enfrentamientos con la guerrilla, todo con el objetivo de cumplir cuotas de bajas y acceder a beneficios dentro del Ejército.
589 víctimas reconocidas y una segunda parte en Medellín
Las audiencias de reconocimiento del subcaso Antioquia incluyen a 40 antiguos integrantes de seis batallones adscritos a la IV Brigada y a dos terceros civiles, quienes aceptan su participación en el asesinato y la desaparición forzada de al menos 589 personas presentadas ilegítimamente como muertas en combate entre 2002 y 2007.
La JEP ha establecido que estas ejecuciones se concentraron en varias subregiones del departamento, entre ellas Valle de Aburrá, oriente, occidente y norte de Antioquia, donde se habría consolidado un patrón sistemático de engaño, secuestro, montaje de supuestos operativos y manipulación de cuerpos.
La segunda parte de esta audiencia de reconocimiento se llevará a cabo en Medellín entre el 15 y el 17 de diciembre de 2025, donde los comparecientes profundizarán en crímenes cometidos en el Valle de Aburrá, el occidente y el norte del departamento durante los años más duros de la política de resultados militares.
Un espejo del patrón criminal de los falsos positivos
Las revelaciones sobre la “Casa Estudio” confirman y detallan uno de los rasgos más oscuros del fenómeno de los falsos positivos: el uso de personas vulnerables como materia prima de la guerra, convertidas en “enemigos” a partir de montajes, para responder a la presión por mostrar éxitos en el terreno.
Para las víctimas que asistieron a la diligencia, el impacto es doble: por un lado, revive el horror de lo ocurrido; por el otro, representa un paso decisivo en la búsqueda de verdad sobre cómo, quiénes y bajo qué lógica diseñaron un sistema en el que una casa, en apariencia común, se transformó en antesala de ejecuciones extrajudiciales.
La JEP deberá ahora valorar estos reconocimientos, contrastarlos con otros elementos probatorios y avanzar hacia decisiones de fondo que, además de sancionar a los responsables, establezcan medidas de reparación y garantías de no repetición para las familias de las 589 víctimas reconocidas en este subcaso.
