Inasistencia alimentaria, un debate bastante álgido

La Corte Constitucional, por su parte, ya ha pronunciado varias voces sobre el delito de inasistencia alimentaria y ha concluido que se ajusta con la Constitución.

A hoy en el país, existen 497 personas detenidas por este delito – 133 en prisión y 344 en domiciliaria, esta conducta es una de las que el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, busca despenalizar a través del proyecto de ley de reforma carcelaria y penitenciaria, argumentando que existen otros métodos, otras medidas no carcelarias, las cuales no congestionarían el sistema judicial y que servirían para que un padre o madre irresponsable, pague la alimentación de sus hijos.

Con el actual Código Penal, el delito de inasistencia alimentaria se castiga hasta con 54 meses de cárcel. Y hasta 72 meses de pena si la víctima es menor de edad.

Sin embargo, ante esta situación que plantea el Ministerio de Justicia, hay muchas reacciones en contra por parte de la ciudadanía, puesto que en la mayoría de los casos, los padres han accedido a responder ante su obligación cuando les han ‘amenazado’ con ir a la cárcel.

Solo el 7,7 % de casos presentados como delito por inasistencia alimentaria, pertenecen a mujeres.

Dentro de los argumentos anteriormente expuestos por parte del ministro Osuna, se dice también que este tipo de procesos los deben resolver los jueces de familia y no la cárcel, “un proceso así desgasta las relaciones familiares y que, enviar a prisión a un deudor no tiene sentido porque hace aún más imposible que responda por sus obligaciones”, expresó el ejecutivo.

En Risaralda, se encuentran actualmente purgando pena por este delito solamente 9 personas.

Según cifras de la Fiscalía, en 2021 se interpusieron 41.846 denuncias por este delito y en 2020, fueron 30.203. Más 24.750 que se habían interpuesto hasta mediados de 2022, suman casi 100.000 registros en el sistema penal.

Sin embargo, a juicio del Gobierno es ineficaz. “Es más eficaz una solución encaminada a la reparación y al cumplimiento de las obligaciones y el uso de la justicia restaurativa, antes que la prisión”, dice el proyecto de ley.

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