Tras no cumplir con un fallo de tutela, el Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, impuso una sanción al actual mandatario de los pereiranos, Mauricio Salazar Peláez y la Secretaria de Desarrollo Social, correspondiente a 5 días de arresto y multa económica.
Estas sanciones se deben a que el burgomaestre y la Secretaria de Desarrollo Social, no cumplieron el fallo de tutela emitido el 29 de diciembre del 2023, en el que se ordenaba: “Realizar las acciones, gestiones y tramites correspondientes tendientes a atender y asegurar los derechos de la población vulnerable que se encuentran en el programa de albergues para habitantes de la calle de la Alcaldía de Pereira…. hasta el 20 de enero de 2024”.
Como lo mencionó anteriormente El Diario, las personas que hacían parte “Albergues para habitantes de la calle”, tuvieron que dejar la granja y el albergue urbano donde llevaban a cabo su proceso de rehabilitación y resocialización, ya que en los últimos días del 2023, culminó el contrato con la fundación Asociacion Ciudad Futuro, operador del programa.
Esto llevó a que los beneficiarios de la estrategia, impusieran varias acciones de tutelas, buscando que se continuará con la atención que venían recibiendo.
Debido a que la anterior administración municipal anterior, en cabeza del alcalde Carlos Maya López, no prorrogó el contrato, aduciendo diferentes razones, el 2 de enero de este año los que colocaron las tutelas, presentaron un incidente de desacato.
A pesar de estas acciones legales, el 4 de enero de la actual vigencia, los habitantes que se encontraban en la granja y en albergue urbano, tuvieron que dejar estos sitios, algunos acudiendo a familiares y otras volviendo a las calles.
Arresto y multa
El Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, señala en el documento por el cual impuso las sanciones antes mencionadas, que tanto el Alcalde como la Secretaria de Desarrollo Social, incurrieron en desacato a la sentencia de tutela proferida por dicho Despacho el 29 de diciembre de 2023, mediante la cual se protegieron los derechos fundamentales a la salud, la vida y la seguridad social.
Ante esta sanción, el mandatario local, aseguró que “quieren obligarme a continuar con el proyecto de la Granja Habitante de Calle, el cual está costando al municipio $6 millones de pesos mensuales por cada habitante de calle, entre otras cosas, debido a que proporciona 6 comidas al día a cada habitante. Mi propuesta es establecer un albergue temporal que tenga un costo mucho menor, para así poder brindar alimentación a niños y adultos mayores que actualmente están aguantando de hambre”.
En diálogo con este medio de comunicación, el abogado penalista, Renato Marín, manifestó que “por ahora esa decisión de arresto y multa no es viable aplicarla porque todavía se está surtiendo el trámite de apelación y otro en grado consulta”.
Es importante señalar que la Alcaldía de Pereira solicitó el archivo del incidente de desacato indicando que resulta un imposible jurídico el dar cumplimiento a la decisión judicial, ya que el proyecto habitante de calle es estratégico, pudiendo la administración municipal cambiar la modalidad de albergue a otra que crea conveniente para esta población y que ya se encuentra el proceso de estudio y gestiones para la nueva modalidad. Sin embargo, no anexó ningún documento que respalde probatoriamente esta manifestación y por ello el Juzgado ordenó el arresto y la multa económica.
Pie de foto: Mauricio Salazar Peláez, actual alcalde de Pereira.
