Las Bases Camioneras de Colombia, firmantes del Acta de Acuerdo que permitió levantar el Paro Nacional Camionero del 6 de septiembre de 2024, hicieron pública una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro y a la opinión pública nacional e internacional, en la que denuncian un “incumplimiento estructural” de lo pactado y advierten sobre un riesgo inminente de colapso del sector transportador.
En el documento, los camioneros aseguran que, a más de un año de la firma del acuerdo, la ejecución de los compromisos asumidos por el Estado no ha avanzado y responsabilizan directamente al Ministerio de Transporte y a su titular, María Fernanda Rojas, por la falta de articulación institucional. Según el gremio, existe una “desconexión absoluta” entre la voluntad de diálogo expresada por el Gobierno y la capacidad operativa de la cartera para materializar los compromisos, lo que habría convertido el acuerdo en “letra muerta”.
Cuatro ejes críticos del incumplimiento
Las bases camioneras estructuraron su denuncia en cuatro grandes ejes que, a su juicio, ponen en riesgo la subsistencia de más de 2,5 millones de familias que dependen directa o indirectamente del transporte de carga en el país.
El primero tiene que ver con la supuesta manipulación técnica del SICE-TAC, el sistema que define los costos eficientes del transporte de carga. El gremio sostiene que el Ministerio de Transporte ha introducido parámetros irreales que deprimen artificialmente las tarifas, incrementan hasta en 120% el número de viajes mensuales estimados y fomentan la sobreexplotación de los conductores, obligándolos a trabajar más de 100 horas adicionales por fuera de los límites legales. También denuncian reducciones injustificadas en el consumo de combustible, subvaloración de los equipos y falta de actualización de los costos de mantenimiento, en un contexto de vías en mal estado, bloqueos frecuentes e inseguridad creciente.
El segundo eje apunta a la omisión de los órganos de control. Las bases camioneras aseguran que nunca se conformó el Comité Interinstitucional pactado, integrado por entidades como la DIAN, la Fiscalía, la SIC y la Procuraduría, para combatir la ilegalidad en el sector. Denuncian evasión de impuestos, contratos ilegales de vinculación, abuso de posición dominante y prácticas de competencia desleal, así como irregularidades en el sector de volquetas y en contratos de infraestructura pública, donde —afirman— se paga a los transportadores independientes valores irrisorios, pese a que el Estado les exige tributar por montos que nunca reciben.
En el tercer punto, el gremio cuestiona el incumplimiento de los ministerios de Hacienda y de Industria y Comercio. Señalan, entre otros aspectos, un proceso para imponer medidas antidumping en la importación de llantas que elevaría los costos del transporte, y el aumento del precio del ACPM por encima de lo pactado en el acuerdo. A esto se suma el caos logístico en el puerto de Buenaventura y en patios de contenedores de varias ciudades, donde acusan a navieras y terminales portuarias de prácticas abusivas, utilización de camiones como bodegas gratuitas y cobro de moras anticipadas, todo ante la pasividad de las autoridades.
El cuarto eje corresponde a una crisis de derechos humanos y seguridad. Según la carta, en los últimos tres años y medio han sido asesinados 33 conductores mientras ejercían su labor. Las bases camioneras denuncian aumento de la extorsión, incineración de vehículos, persecución contra líderes gremiales y casos de exilio forzado, sin que —afirman— el Ministerio de Transporte haya liderado acciones efectivas para proteger la vida y la integridad de los transportadores.
Exigencias y llamado al Gobierno
En la parte final del documento, el gremio rechaza que sus reclamos sean descalificados como “sesgos políticos” y recuerda que el Acta de 2024 es un compromiso de Estado con carácter jurídico y moral. Por ello, exigen la intervención inmediata de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar posibles omisiones y detrimentos patrimoniales.
Entre las peticiones concretas figuran la corrección inmediata del SICE-TAC con valores reales de mercado; el inicio de programas de modernización para volquetas y vehículos livianos; la normalización de camiones que, según denuncian, permanecen en un “limbo” administrativo; un cambio estructural en la política de fotomultas; y garantías efectivas de protección a la vida de conductores y líderes del sector.
“No pedimos privilegios. Exigimos cumplimiento, legalidad, dignidad y justicia”, concluye la carta, en la que las Bases Camioneras advierten que “el tiempo de las mesas vacías se acabó” y que el silencio del Estado no puede seguir traduciéndose en la ruina económica y la muerte de los transportadores en las vías del país.
