En plena tormenta política por la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo de 2026, el presidente Gustavo Petro recurrió a un caso empresarial para reforzar su tesis de que el incremento no necesariamente destruye empleo. El mandatario replicó en su cuenta de X un video del presidente del Grupo Éxito, el salvadoreño Juan Carlos Calleja Hakker, y lo acompañó con un mensaje directo: “Ni un despido le generó al propietario del ‘Éxito’ el aumento del salario mínimo, al contrario, puede vender más”.
El episodio ocurrió horas después de que el Consejo de Estado suspendiera de forma cautelar el decreto que establecía el alza del salario mínimo para 2026 y ordenara al Gobierno expedir, en un plazo de ocho días, un decreto transitorio ajustado a criterios técnicos y legales. La decisión abrió un vacío de interpretación que el Ejecutivo intenta llenar con un mensaje político: el aumento —defendido por Petro como “salario vital”— debe seguir pagándose mientras se concreta la nueva regulación.
El video que Petro difundió fue publicado inicialmente por el representante a la Cámara Alejandro Toro (Pacto Histórico). En la pieza, Calleja Hakker responde sobre el impacto del incremento del 23,7% en la compañía: afirma que en su caso ya aplicaron el aumento y que la empresa está enfocada en crecer y vender más para “absorber” el ajuste. También sostiene que no están realizando recortes y que no tienen prevista una ola de despidos, y remarca que se ciñen “al pie de la letra” de la ley.
La escena resume la disputa de fondo que se tomó la agenda pública: el Gobierno busca posicionar el aumento como una palanca de consumo y dignidad laboral, mientras críticos advierten impactos en costos, informalidad y empleo, especialmente en pequeñas empresas. Tras la suspensión, la discusión dejó de ser solo técnica y pasó a ser, otra vez, una batalla por el relato en la campaña: “salario y poder adquisitivo” versus “seguridad jurídica y sostenibilidad”.
Lo inmediato, sin embargo, depende de lo que ocurra con el decreto transitorio: el Ejecutivo deberá justificar el nuevo porcentaje con los parámetros exigidos y, en paralelo, las empresas quedan expuestas a un escenario de incertidumbre sobre qué reglas terminarán prevaleciendo en 2026.
