Este martes, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, informó que el ajuste del salario mínimo en Colombia para 2025 no superará el 10%. De esta manera, el incremento estará por debajo de las alzas registradas en años anteriores, en un contexto donde la inflación sigue afectando la economía del país. La discusión arrancará con una propuesta base del 6,2%, integrada por un 5,2% de inflación proyectada y un 1% adicional en productividad, como punto de partida en las negociaciones entre sindicatos y empresarios.
Bases para el ajuste y consideraciones de Hacienda
El ministro explicó que el salario mínimo debe ajustarse tomando como referencia la inflación causada, con un punto inicial en el índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre, que se estima en torno al 5,2%. “La discusión del salario mínimo está normada. No puede crecer por debajo de la inflación causada, y se toma como punto de referencia la inflación del mes de septiembre”, aclaró Bonilla. Este cálculo preliminar busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, aunque sin incrementar excesivamente los costos para los empleadores.
Para establecer el incremento, se deben considerar varios factores económicos y jurisprudenciales: la inflación anual, la productividad laboral, y el Producto Interno Bruto (PIB) actual y proyectado para el siguiente año. Estas métricas, definidas en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996, brindan un marco sólido para las negociaciones, permitiendo un ajuste que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad de las empresas.
El proceso de negociación del salario mínimo en Colombia
En Colombia, la negociación del salario mínimo sigue un procedimiento detallado. Primero, la Subcomisión de Productividad Laboral define la metodología de cálculo de la productividad. Luego, el Ministerio de Hacienda proporciona datos clave del PIB, esenciales para entender el contexto económico en que se realiza la negociación. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el espacio donde gobierno, empleadores y sindicatos debaten los ajustes al salario mínimo, con el objetivo de llegar a un acuerdo antes del 15 de diciembre.
En este proceso, cada parte presenta sus propuestas, basadas en los indicadores económicos y las garantías constitucionales de protección al trabajo y salario digno, establecidas en los artículos 25, 53, 333 y 334 de la Constitución Política. Si no se logra un consenso, el Gobierno nacional emitirá un decreto fijando el salario mínimo antes del 30 de diciembre.
