Más allá de su conocida devoción por el loro orejiamarillo, sus compañeros recuerdan a Gonzalo Cardona, el primer líder ambiental asesinado este año en Colombia, por su defensa de la palma de cera, su pasión por el gélido río Cucuana y su servicio a una comunidad a la que heredó el cuidado de sus propios recursos naturales.
Cardona, oriundo de Roncesvalles, un pueblo del departamento de Tolima, dedicó 20 años de su vida a la conservación del loro orejiamarillo, una especie en peligro de extinción cuya protección lideró incluso cuando las amenazas de bandas criminales amenazaban con silenciar su voz. Esta semana las amenazas contra el loro se extendieron a su cuidador. “En ocasiones había sido intimidado por muchos bandos incapaces de comprender su amor por la especie y su desinterés en la política. Los eternos enemigos de la paz asumieron que él tenía otros motivos, cuando simplemente estaba impulsado a hacer algo diferente”, recordó en su obituario la Fundación ProAves, en la que trabajaba.
El asesinato del llamado “guardián del loro orejiamarillo” expone una vez más el riesgo que supone ser defensor del medio ambiente en un país en el que en 2020 fueron asesinados más de 100 líderes sociales, crímenes con los que grupos armados siembran el terror en las profundidades de Colombia. Para las organizaciones ambientales del país resulta todavía inverosímil que el costo para los líderes ambientales que defienden la vida en Colombia sea perder la propia. El cuerpo de Cardona, asesinado por desconocidos en una zona rural del Valle del Cauca, fue encontrado el martes pasado, cuatro días después de haber sido dado como desaparecido. Cardona, coordinador de la reserva ambiental ProAves Loros Andinos, en la Cordillera Central, se opuso a todo lo que amenazara la existencia del loro orejiamarillo: su caza y la destrucción de su hábitat.
Riesgos latentes
Con el aumento de crímenes contra líderes, las organizaciones de derechos humanos de Colombia esperan que el asesinato de Cardona no marque el inicio de otro año sangriento para estos activistas. Tan solo en 2019, América Latina fue la región más peligrosa para los defensores de la tierra y Colombia encabezó, con 64 asesinatos, la lista, según un estudio de la ONG Global Witness publicado en julio del año pasado. Estos 64 crímenes, de los cuales 14 estuvieron relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos, duplicaron la cifra de los documentados en 2018, marcando un triste récord en los registros de la organización en Colombia. Las amenazas contra los defensores ambientales se han vuelto más evidentes en los últimos años, como ha advertido Naciones Unidas, entre otras causas, por el incumplimiento del acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC y los desafíos que persisten en la implementación de puntos clave como la sustitución de cultivos ilícitos.
Los asesinatos y amenazas contra defensores del medio ambiente se extienden por cada rincón de Colombia, una estela de violencia con la que grupos armados ilegales atemorizan a las comunidades y frenan los procesos de liderazgo para seguir abriéndose camino en negocios ilícitos. Detrás de estos homicidios están bandas vinculadas a actividades como el narcotráfico y la minería ilegal para quienes los líderes son un obstáculo en las disputas territoriales que libran a sangre y fuego para controlar zonas estratégicas del país. “El homicidio de Gonzalo y el de otros defensores son ataques contra los procesos organizativos de las comunidades y organizaciones que defienden sus territorios de las multinacionales, de las economías ilegales, de la minería ilegal, pero también de unos procesos económicos legales”, explica el investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González.
Pese a los constantes desafíos que enfrentan los defensores de la tierra, González reconoce que desde el desarme de las FARC “lo que ha sucedido en Colombia ha sido muy positivo”, pues han disminuido otros indicadores como los desplazamientos y desapariciones forzadas, las minas antipersona y los homicidios en combates. La radiografía que hace Indepaz sugiere que las comunidades y los líderes de las zonas que siguen siendo azotadas por el conflicto quedaron a merced de grupos ilegales que tras el proceso de paz “llegaron con mucha más velocidad a los territorios (que dejaron las FARC), mientras el Estado avanza con lentitud para copar” esos espacios.
EFE
